El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó este viernes una petición con la que la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez pretendía obligar al Ministerio Público a responder sobre una querella a la que ya el órgano persecutor se refirió en su acusación contra la red de corrupción desmantelada con la Operación Medusa.

De su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho, a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que la petición fue rechazada por carecer de objeto.

“Hoy, en una forma de hacer perder tiempo al sistema de justicia, la defensa de Jean Alain Rodríguez vino al tribunal a pedir que obligue al Ministerio Público a dar una respuesta sobre una querella que ya el Ministerio Público respondió en su acusación”, dijo a Camacho a periodistas que lo abordaron luego de la decisión adoptada por el juez Pablo Imbert.

“Así se lo planteamos al tribunal y el tribunal acaba de reconocer que el Ministerio Público respondió en la acusación su posición en cuanto a la barra del Estado como querellante y rechazó el pedimento por carecer de objeto, que es la decisión que en derecho procedía”, añadió.

Camacho explicó que la querella es de la barra del Estado, “pero ni siquiera la defensa tuvo el valor de venir aquí a discutir el fondo de la querella, sino, solamente la posición del Ministerio Público y, repito, la posición del Ministerio Público está contenida en la acusación y así lo ha reconocido el tribunal”.

La pasada semana el tribunal aplazó el inicio de la audiencia preliminar para el próximo 19 de diciembre, a los fines de que los imputados puedan ser notificados del escrito de acusación del Ministerio Público.

Asimismo, Wilson Camacho ha destacado en el proceso que las pruebas aportadas por el Ministerio Público apuntan a condenas de 20 años de prisión para algunos de los procesados de la Operación Medusa.

Los imputados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.