PERU: Descontento ensombrece el Gobierno de Dina Boluarte

LIMA.- Un joven de 16 años es la más reciente víctima mortal confirmada por las autoridades peruanas. Su fallecimiento elevó a 19 las muertes en el contexto de las protestas antigubernamentales solo en la región de Puno y aumenta el número total de decesos al menos 42, según confirmó la Fiscalía este viernes 13 de enero.

Sin embargo, los recuentos de la prensa local elevan la cifra a al menos 49, desde el estallido social hace más de un mes, tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo luego de que intentara infructuosamente disolver el Congreso.

La violencia no cesa en un país sumergido en continuos cambios abruptos de gobierno y crisis políticas, mientras la actual Administración parece aferrarse al poder, ensombrecida por el fuerte descontento ciudadano. Un panorama de inestabilidad en medio del cual los ciudadanos han visto seis presidentes en los últimos seis años.

  Manifestantes chocan con las fuerzas de seguridad durante una protesta exigiendo elecciones anticipadas y la liberación del encarcelado ex presidente Pedro Castillo, cerca del aeropuerto de Juliaca, en Juliaca, Perú 9 de enero 2023. © Reuters/Hugo Courotto
Las autoridades aseguraron que el jueves 12 de enero fue la jornada en la que se registró la mayor cantidad de vías bloqueadas.

Pero los bloqueos de carreteras, incendios y enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública se siguen extendiendo en varias ciudades incluidas, Lima, la capital y Cusco, así como en las regiones de Puno, Arequipa y Ayacucho, en el sur.

En Lima, cientos de personas marcharon el jueves por el centro de la ciudad exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales inmediatas.

Algunos pidieron también la liberación de Castillo. Los gobernadores de Puno, Cusco y Apurímac se han sumado a las voces que reclaman la salida de Boluarte.

En Arequipa, las vías interprovinciales continúan afectadas luego de que en las últimas horas decenas de manifestantes arrojaran piedras y llantas incendiadas a las principales rutas.

La furia aumenta con el paso de los días y este viernes un congresista denunció que un grupo de activistas atacó su casa, en la ciudad de Puerto Maldonado, en la Amazonía.

Exigen la liberación de dirigentes sociales vinculados con las protestas

La Policía informó que detuvo a tres dirigentes de una organización presuntamente vinculada con las manifestaciones, en el sur de la nación.

Las autoridades los identificaron como Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), la vicepresidenta de la organización, Stefany Alanya Chumbes, y el secretario de la misma entidad, Alejandro Manay Pillaca.

La prensa local reportó que los arrestos se produjeron después de que los fiscales ampliaran una investigación preliminar contra «los que resulten responsables» por las manifestaciones violentas del pasado diciembre en las que murieron 10 personas, en esa región.

  Cientos de manifestantes chocan con las fuerzas de seguridad durante una protesta que exige elecciones anticipadas y la liberación del depuestto presidente Pedro Castillo, cerca del aeropuerto de Juliaca, en Juliaca, Perú, el 9 de enero de 2023. © Reuters/Hugo Courotto
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos del país exigieron la liberación de quienes describen como dirigentes sociales.

Cientos de personas se concentraron frente a las instalaciones de la comisaría para reclamar la liberación de los tres arrestados, por lo que las autoridades incrementaron el despliegue de fuerza pública.

El Ministerio del Interior aseguró que Leandro Melgar fue parte «de la organización terrorista Sendero Luminoso y fue detenida e internada en penales por participar en atentados en las décadas de los 80 y 90».

Renuncia el ministro de Trabajo y exige al Gobierno una respuesta a los manifestantes

Pese a los continuos reclamos para abandonar el poder y permitir una renovación completa del Ejecutivo y el Legislativo, tanto Boluarte como los congresistas se aferran a sus cargos.

Las autoridades se concentran en ordenar operativos de seguridad, desatendiendo el fondo de los reclamos.

No obstante, al descontento social se sumó el ministro de Trabajo, Eduardo García Birimisa, quien presentó el jueves 12 de enero su renuncia, no sin antes instar a la mandataria a pedir disculpas al país y reconocer los errores en la respuesta del Gobierno a las protestas.