La nueva ley de inmigración en Florida, impulsada y firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis, comenzó a generar temor, debido a que endurece varias disposiciones y castiga tanto a indocumentados como a quienes los ayuden.

La SB 1718, entre otros aspectos, obliga a empresas con más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify, para confirmar que las personas que contratan tienen permiso laboral. De no cumplir con el requisito, el empleador enfrentará sanciones económicas.

La ley que entra en vigor el 1 de julio también exige que los hospitales que aceptan Medicaid deben preguntar a los pacientes si tienen estancia legal en el país.

Además, se invalidan las licencias de conducir de otros estados emitidas a inmigrantes indocumentados, incluso se obligará a los no ciudadanos a proporcionar su ADN a las autoridades.

Ana María Hernández, directora de campo en Florida Immigrant Coalition, explica al podcast “El Diario Sin Límites” que una de las sanciones que más preocupan es convertir en delito de tercer grado que una persona transporte a inmigrantes indocumentados al estado. La nueva regla podría poner en peligro a familias con situación migratoria mixta, por ejemplo.