La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó el cese de prisión domiciliaria a Carmen Magaly Medina y a Fernando Rosa.

Los imputados en la supuesta red de corrupción administrativa denominada Antipulpo, interpusieron un recurso en el que apelaron la decisión de la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, que les confirmó arresto domiciliario a ambos acusados.

El tribunal entendió que no existe peligro de fuga, que los encartados tienen arraigos suficientes para permanecer en el país durante el juicio en su contra.

El caso
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.

Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.

Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.

También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.