Explican que hubo incumplimiento del debido proceso administrativo para la adopción de reglamentos o normas de similar categoría previsto en los artículos 30 y 31 de la ley 107-13 sobre los Procedimientos Administrativos, que hace obligatorio que la JCE, antes de emitir el referido reglamento, lo someta a la consideración de las organizaciones política.
Aseguran que, aunque el órgano electoral requirió la opinión de los partidos, obvió agotar los requisitos esenciales de publicidad, comunicación y consulta efectiva del texto propuesto.
Janet Camilo, delegada política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), entiende que el órgano electoral está desnaturalizando el propósito del financiamiento público a los partidos al no garantizar la pluralidad del ejercicio político.
“Estamos hablando de que el partido en el Gobierno no solo tendrá la maquinaria gubernamental, sino que también estará apoderado del mayor financiamiento público”, destacó Camilo.
En tanto que, Manuel Soto, delegado político del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), sostiene que la JCE asumió una postura contradictoria con decisiones adoptadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), cuando era presidido por el hoy presidente de la JCE, Román Jáquez.
Soto también estima que la fórmula más justa para repartir los recursos debe atender a la mayor votación obtenida en cualquiera de los niveles de las últimas elecciones, toda vez que, si bien es cierto que la ley establece que se parta de los resultados de las últimas elecciones, ésta no específica cuál nivel.
