MP acusa a 13 personas y cinco empresas por estafa electrónica y lavado de activos
El Ministerio Público presentó acusación formal contra 13 personas y cinco empresas, a las que vincula con una estructura dedicada a cometer estafas electrónicas contra víctimas en Estados Unidos y, posteriormente, lavar y movilizar los recursos obtenidos mediante distintas operaciones financieras.
La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago como parte de la Operación Discovery 3.0, investigación que, según el órgano acusador, permitió identificar a 141 víctimas en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en unos US$5 millones.
Entre los acusados figuran Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez y José Ramón López Tavárez, alias William el Técnico.
Además de Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
También fueron acusadas las sociedades Inversiones Dolores Santana Inverdosa (Invedorsa), JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, Invermeg y Qemert Pro Technology.
De acuerdo con el expediente, la estructura operaba principalmente desde la zona norte de República Dominicana y mantenía conexiones con distintas ciudades estadounidenses. El Ministerio Público sostiene que utilizaba centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares para engañar a sus víctimas, especialmente adultos mayores.
La acusación divide el supuesto esquema en cuatro etapas: captación de las víctimas, ejecución del fraude mediante suplantación, movilización del dinero y lavado de activos.
Según el expediente, después de obtener los recursos mediante las estafas, estos eran enviados hacia República Dominicana a través de transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceras personas.
Posteriormente, el dinero habría sido incorporado al sistema económico mediante empresas, adquisición de inmuebles, vehículos y otras operaciones que, según el Ministerio Público, buscaban dificultar la identificación de su origen.
El órgano acusador sostiene que esos movimientos no se corresponden con las actividades económicas ni con los ingresos lícitos declarados por los imputados.
La investigación contó con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la participación de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
El Ministerio Público atribuye a los acusados violaciones al Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
A Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Miguel José Rodríguez Grullón y Juan Luis Naranjo Gómez también se les imputan violaciones a la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.
En el caso de las empresas, la acusación incluye disposiciones de la Ley 155-17, el Código Tributario y la Ley Monetaria y Financiera.
El expediente recuerda que, como parte de este proceso, fueron extraditados a Estados Unidos Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, señalados como principales líderes de la estructura.
Estos cuatro enfrentan un proceso judicial en un tribunal de Boston, Massachusetts, según informó el Ministerio Público.