Imponen prisión preventiva a colombiano detenido con US$600,700 sin declarar en el AILA
Un tribunal de Santo Domingo Este impuso prisión preventiva a un ciudadano colombiano detenido en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) cuando intentaba salir del país con US$600,700 sin declarar, además de euros y pesos colombianos.
El imputado, Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años, deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente también declaró complejo el proceso, a solicitud del Ministerio Público.
La decisión fue adoptada por el juez Leomar Cruz Quezada, luego de que la audiencia fuera aplazada en seis ocasiones por solicitudes de la defensa.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Ossa Ospina fue arrestado en flagrante delito el pasado 3 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando se disponía a viajar hacia Panamá.
Durante la intervención, las autoridades le ocuparon US$600,700, cinco euros y 647,000 pesos colombianos, cantidades que no habían sido declaradas ante las autoridades aduaneras. También le incautaron un teléfono celular y un pasaporte.
El expediente establece que un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA), quien realizaba sus labores en la terminal aérea junto a un supervisor de la sala de pasajeros, recibió una alerta del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), luego de que las divisas fueran detectadas durante la inspección del equipaje del pasajero.
Según el formulario de declaración aduanera, el extranjero había ingresado a República Dominicana ese mismo día, en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, Colombia.
La Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público tiene a su cargo la investigación, dirigida por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta.
En las pesquisas participan el procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad, la procuradora fiscal Angie Castro y el fiscalizador de Santo Domingo Este, Welinston Gómez. Castro representa al Ministerio Público en el proceso judicial.
La acusación provisional incluye infracciones relacionadas con el lavado de activos, conforme a los artículos 4, numeral 12, y 65 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como el delito de contrabando, contemplado en los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21 de Aduanas.
El Ministerio Público sustentó su solicitud de prisión preventiva con pruebas documentales, materiales y testimoniales que, según sostiene, vinculan al imputado con los hechos investigados.
La declaratoria de complejidad permitirá disponer de un plazo mayor para completar las diligencias de investigación y presentar el requerimiento conclusivo correspondiente.
El proceso se encuentra en fase de investigación, y las imputaciones deberán ser examinadas conforme a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.