Poder Ejecutivo promulga ley que aplaza hasta 2028 la responsabilidad penal de las empresas
El Poder Ejecutivo promulgó este jueves la Ley 88-26, que extiende por 18 meses el plazo para aplicar el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplado en el nuevo Código Penal dominicano. Con esta modificación, las disposiciones correspondientes comenzarán a regir el 5 de mayo de 2028, en lugar de este 5 de noviembre, como estaba establecido inicialmente.
La nueva legislación modifica el artículo 31 de la Ley 44-26 y establece que los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye el Código Penal, entrarán en vigor en la fecha indicada, con excepción de lo dispuesto en el artículo 393.
El aplazamiento tiene como propósito conceder a las empresas y demás entidades sujetas al nuevo régimen un período adicional para adecuar sus estructuras y procedimientos a las exigencias legales. También busca facilitar la preparación de las instituciones del sistema de justicia responsables de aplicar estas disposiciones.
La promulgación se produce después de que el Congreso Nacional aprobara la modificación legislativa. El Senado dio su visto bueno el miércoles con 26 votos a favor y ninguno en contra, luego de acoger los cambios realizados por la Cámara de Diputados.
Inicialmente, la propuesta establecía una extensión de 24 meses, que llevaría la aplicación del régimen hasta noviembre de 2028. Sin embargo, los diputados redujeron el período a 18 meses, decisión que fue ratificada por los senadores.
El régimen de responsabilidad penal establece que las empresas pueden ser investigadas, procesadas y sancionadas por determinados delitos relacionados con su actividad, cuando estos sean cometidos por sus directivos, representantes o empleados bajo las condiciones previstas en la ley.
Entre las consecuencias contempladas figuran multas, clausura temporal o definitiva de establecimientos, revocación de licencias, impedimento para contratar con el Estado y disolución de la entidad. Su aplicación requiere un proceso judicial que determine la responsabilidad de la persona jurídica.
La normativa también contempla la evaluación de los sistemas internos de prevención, supervisión y control de las empresas, como parte de las condiciones para establecer su responsabilidad.