Dictan 15 años de prisión contra traficantes de indocumentados haitianos en Santiago

Un tribunal de Santiago condenó a 15 años de prisión a dos hombres y una mujer, de nacionalidad haitiana, acusados de formar parte de una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes y robo de identidad.

Los condenados son Wilex Agustín (Alex), Majorit Bautista (Majorie la Morena) y José Ramón De León Gil (Pedro), quienes, según la acusación, operaban desde el distrito municipal La Canela, donde establecieron rutas, horarios y otras estrategias para evadir los controles de seguridad y migratorios e introducir indocumentados al territorio dominicano.

Las investigaciones determinaron que la red utilizaba diferentes tipos de vehículos para trasladar a migrantes en condición irregular y disponía de una residencia de cuatro habitaciones, tres baños y un sótano en La Canela, utilizada para alojarlos y esconderlos.

De acuerdo con la investigación, los indocumentados eran introducidos por la frontera norte con Dajabón y posteriormente trasladados hasta La Canela.

Durante un allanamiento realizado en la residencia fueron arrestados Agustín y Bautista, mientras que De León Gil emprendió la huida.

En una camioneta Toyota y un carro Chevrolet estacionados en la vivienda fueron encontrados cuatro adultos y dos menores de edad, de nacionalidad haitiana, que no contaban con documentos que acreditaran su permanencia en República Dominicana. Posteriormente fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración.

Otros seis indocumentados fueron encontrados escondidos en habitaciones y en el sótano de la residencia.

Durante el juicio también fue presentado el testimonio de uno de los migrantes, quien explicó las circunstancias en las que fue trasladado al país e identificó a los acusados como las personas que hicieron contacto con él para realizar la operación. Además, declaró que pagó una suma indeterminada de dinero.

De León Gil también enfrentó cargos por robo de identidad, luego de que se estableciera que usurpó la identidad de otro ciudadano dominicano, conforme a un informe de la Junta Central Electoral.

Además de cumplir los 15 años de prisión, los tres condenados deberán pagar multas equivalentes a 150 salarios mínimos del sector público a favor del Estado dominicano.