Imponen 15 de años de prisión a hombre por tráfico de migrantes y falsificación de documentos

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 15 años de prisión a un hombre acusado de traficar con migrantes y de falsificar documentos públicos y privados, informó este miércoles la Procuraduría General de la República (PGR).

El condenado es Amaury Amado Tejada de la Cruz, investigado desde 2014 por la Fiscalía de Santiago tras obtener información de que el hoy imputado se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes y a la falsificación de documentos de varios tipos, como de identidad, de propiedad, pasaportes y visas de distintos países, incluyendo Estados Unidos, España, Panamá, Venezuela, Chile y Costa Rica, entre otros.

Según expuso la acusación, la mafia que lideraba Tejada de la Cruz también falsificaba sellos consulares, de migración y otros organismos castrenses, lo que constituye “una grave amenaza a la seguridad jurídica, a la soberanía y una desestabilización de las relaciones internacionales con otras naciones”.

En su expediente, el órgano investigador plantea que para la falsificación de estos documentos, el acusado habilitó un laboratorio clandestino que fue allanado mediante orden judicial, acción que permitió el decomiso de cientos de documentos falsificados.

Las víctimas, el Gobierno de los Estados Unidos (representado por la misión consular acreditada en el país), y el Estado dominicano, se vieron severamente lesionados por estos delitos, señaló la PGR en la nota.

Además, el tráfico de migrantes constituye en sí mismo una violación a los derechos de las personas, y la falsificación de documentos públicos y privados una amenaza a la seguridad jurídica.

Una vez evidenciada la gravedad de los ilícitos mediante cientos de elementos probatorios, documentos y otros recursos audiovisuales que la Fiscalía recabó contra el traficante, el tribunal se condenó al procesado a 15 años de prisión que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres de Santiago, y también deberá pagar una multa de 200,000 pesos en efectivo.

Durante la investigación y con el propósito de evadir su responsabilidad penal en República Dominicana, el acusado huyó a Costa Rica, nación que en 2011 inició una investigación en su contra por tráfico personas desde Paso Canoas y la zona fronteriza con Panamá para que ingresaran ilegalmente a territorio costarricense.

En el año 2017 el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José lo condenó a cinco años de prisión, según consta en sentencia judicial.