La reforma para pasar la Guardia Nacional a manos del Ejército avanza en el Congreso mexicano

La reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a manos de militares en México, otra de las controvertidas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanzó el jueves en la Cámara de Diputados al aprobarse el texto en lo general gracias a la mayoría de dos tercios que tienen el oficialismo y sus socios.

El debate de los detalles de la iniciativa proseguía pero, previsiblemente, los diputados dejarían la reforma aprobada en todos sus términos en las siguientes horas pese a las críticas de los partidos de oposición que votaron en contra. Después pasará al Senado para su debate.

El partido gobernante Morena y sus aliados insisten en llevar adelante el proyecto pese a las críticas de opositores y el cuestionamiento de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes creen que supondrá una mayor militarización de la seguridad pública. Tampoco consideran que resolverá el problema de violencia en el país.

La iniciativa forma parte de un paquete de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de López Obrador, el cual concluye el 30 de septiembre. La primera, y más polémica, fue la de la restructuración del Poder Judicial.

La actual prevé que la Guardia Nacional salga del control de la Secretaría de Seguridad y pase a ser manejada por el Ejército. La Guardia Nacional fue creada por el mandatario en 2019 con el objetivo de combatir la creciente violencia.

En el proyecto de reforma se prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también se dan atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional, cuyo personal será de origen militar con formación policial. Más del 80% de los 130.000 integrantes de la Guardia Nacional provienen del Ejército y de la Marina, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Desde 2006, las fuerzas militares han cumplido un papel clave en México para mantener la seguridad en las calles. Ante las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de Naciones Unidas han pedido al gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.

AP