Congreso de EE.UU. revisa los negocios petroleros de Chevron con el Gobierno de Maduro

La presidenta del Subcomité del hemisferio occidental, María Elvira Salazar, convocó para hoy a una audiencia con el objetivo de revisar las licencias comerciales que tiene la empresa petrolera Chevron con el Gobierno de Nicolás Maduro. La gobernanza populista sobrevive por la ayuda que recibe de China, Rusia e Irán y los negocios en energía que aún preserva con la influyente compañía de los Estados Unidos.

La audiencia citada en el Rayburn House Office Building a las 11.00 (hora del este) lleva como título “Maduro volvió a robarse las elecciones: la respuesta al fraude en Venezuela”, y participarán importantes funcionarios del Departamento de Estado, que ya está estudiando el impacto económico y financiero de la licencia que detenta Chevron en acuerdo con el gobierno populista.

Kevin Sullivan, subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental; Enrique Roig, subsecretario Adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y Greg Howell, a cargo de la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) fueron citados como testigos para que expliquen al subcomité la mirada de la administración Biden.

La crisis en Venezuela preocupa al sistema de partidos en Estados Unidos.

Salazar, republicana y elegida en Florida, considera esencial anular los permisos comerciales de Chevron. La representante opositora argumenta a sus asesores que las regalías petroleras que recibe Maduro le permiten afrontar el aislamiento internacional que sufre por el fraude cometido en los comicios y la represión ilegal desatada bajo sus órdenes.

A su turno, la administración demócrata también ha puesto foco a la violencia institucional que protagoniza el regimen populista. Kamala Harris reconoció la victoria de la oposición en Venezuela y Antony Blinken -secretario de Estado- ha dialogado con González Urrutia y María Corina Machado para explicitar el apoyo del presidente de los Estados Unidos.

En este contexto, La Casa Blanca estudia suspender la licencia de Chevron que le autoriza extraer petróleo en Venezuela para forzar una mesa de diálogo entre el dictador Maduro y la oposición política que permita a González Urrutia terminar con su exilio forzado en España y regresar a Caracas para asumir la presidencia el 10 de enero 2025.

Los directivos de Chevron ya visitaron el Ala Oeste de la Casa y argumentaron que la suspensión de la licencia puede causar desabastecimiento, incremento de los precios por galón y una nueva ola de inmigración ilegal como consecuencia de la caída de ingresos en la compleja economía venezolana.

Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, completó los argumentos de la empresa estadounidense durante una conferencia telefónica que protagonizó a comienzos de agosto. “Estamos allí (Venezuela) para ayudar a desarrollar la economía, apoyar a la gente, crear empleos y no involucrarnos en la política, que puede oscilar en cualquier país de un partido a otro”

.Y remató: “No tenemos un papel en la selección de gobiernos. Somos un actor comercial, no un actor político”.

Wirth tiene razón. Chevron no actúa como un jugador político, pero la licencia que tiene en Venezuela ayuda a mantener la precaria estabilidad económica del regimen. Y eso sí es un hecho político que demócratas y republicanos quieren revisar para forzar una inmediata transición democrática.

El Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado tienen suficiente evidencia para responder a los argumentos del staff de Chevron que desembarcó en la Casa Blanca para sugerir que una eventual suspensión de la licencia puede causar un caos en la oferta energética.

La empresa petrolera produce cerca de 200.000 barriles por día, una cifra que no impacta en el mercado global si finalmente Chevron ya no puede extraer en Venezuela. Y respecto a los precios del barril, es poco probable que se disparen los precios en Estados Unidos ante la caída de la demanda.

En cambio, la suspensión de la licencia puede causar conmoción económica y política en la dictadura venezolana. Los 200.000 barriles por día implican el 20 por ciento de las exportaciones nacionales de crudo, y cerca de un 30 por ciento de los ingresos petroleros del regimen populista.

“El mensaje debe enviarse alto y claro: Estados Unidos no hará más negocios con la dictadura de Maduro”, sostuvo Salazar, que hoy presidirá la audiencia convocada en el Capitolio.

Infobae