La Suprema Corte defiende su política de protección de datos e invita la prensa a reunirse

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, justificó la política de protección de datos, presentada recientemente, asegurando que esta no limita el libre ejercicio del periodismo. "La política de protección de datos es una autorregulación para el Poder Judicial y se ha realizado de conformidad con nuestra Constitución, la ley de Protección Integral de los Datos Personales y otras disposiciones del ordenamiento jurídico dominicano", dijo.

El reglamento ha sido cuestionado por la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que argumentan que la "anonimización" de sentencias y procesos del Poder Judicial comprometen el trabajo periodístico.

No obstante, en una carta enviada a Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Molina considera que se trata de todo lo contrario. "Esta iniciativa reafirma el compromiso institucional con la transparencia, la libertad de prensa y la protección de los derechos fundamentales de las personas", indicó el magistrado en su comunicado.

De acuerdo a Molina, el principio de "anonimización" solo se aplica a la información publicada por el Poder Judicial.  "Sin embargo, las decisiones íntegras seguirán estando disponibles en los tribunales, salvo en las excepciones previamente establecidas por ley".

Y agregó: "Esta es una gran oportunidad para que la Sociedad Dominicana de Diarios y el Poder Judicial inicien un proceso de diálogo abierto para fortalecer la protección de los derechos fundamentales. En tal sentido, nos gustaría invitarles, desde esta misma fecha a reunirnos con ese fin".

También señaló: "El Poder Judicial entiende que la labor periodística es esencial para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada. La libertad de prensa es una condición indispensable para el funcionamiento de la democracia y para el ejercicio de los demás derechos. Por ello deseamos enfatizar que esta política en ningún caso limita el libre ejercicio del periodismo, ni el acceso público a los procesos, las audiencias o los expedientes judiciales, salvo las excepciones previstas por ley".