LA JORNADA DE SANTO DOMINGO

MI OPINIÓN

El escritor, en este artículo, nos refleja la situación actual con relación al voto dominicano en el exterior

NUESTROS COLUMNISTAS 30 de marzo de 2020
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EL VOTO EN EL EXTERIOR UN DERECHO, UN DEBER
CONSTITUCIONAL Y DE JUSTICIA SOCIAL

Ramón Valdez Paredes

Las elecciones generales pautadas para el próximo 5 de julio en la que se escogerá a
las nuevas autoridades del Congreso Nacional y los nuevos inquilinos al Palacio
Nacional de la Presidencia también contempla escoger a los representantes de
ultramar en nuestro congreso.

El voto en el exterior es una conquista bien merecida; que se han ganado los
dominicanos que han emigrado lejos de la patria buscando nuevos horizontes y la
oportunidad de desarrollo y movilidad social que en su terruño no han tenido pero,
que no obstante, siempre han sido solidario con los suyos y ocupan mediante sus
remesas la segunda fuente de generación de divisas de la patria de Duarte.

Regatear el voto a los dominicanos residentes en el exterior que implica su derecho a
elegir y ser elegidos es imperdonable; toda vez, que el tema de la crisis sanitaria
Covis19; que nos afecta y que nos lleva a aplazar el certamen electoral, para el
próximo mes de julio es la misma que afecta a los dominicanos en el extrajera.

Con la misma diligencia y calendarización que la Junta Central Electoral está
trabajando en los preparativos del montaje del evento en el territorio nacional, debe
hacerlo en cada país donde se debe celebrar la jornada electoral; es responsabilidad de
la institución electoral montar el certamen para la fecha prevista al margen de que en
un territorio tenga que aplazarse y se deba realizar en otra fecha como proceso
complementario pero deberá ser, no por negligencia de la JCE sino por razones
particulares del país extranjero.

El trabajo de la JCE con las Oficinas de Coordinación y Logística Electoral del Exterior
(OCLEES) debió llevar el mismo ritmo que los preparativos locales, ya que no fue hasta
marzo de este año 2020, cuando nos vimos afectados con el tema sanitario; sin
embargo, desde el pasado año ya habíamos entrado en un año preelectoral, de
primarias y elecciones de candidaturas para las posiciones congresuales y
presidenciales que se estarán diputando en la próxima carrera electoral.

Mueve a preocupación que todo lo relativo al voto en el exterior haya estado frisado;
que a la fecha la JCE no haya dictado la proclama que convoca las asambleas
electorales del voto en exterior, ya que en abril pasado cuando mediante la resolución
42-20 el órgano electoral, pospuso las elecciones de marzo para el 5 de julio en dicha
resolución no incluyo lo relativo al voto en el exterior.

Por lo que las Oficinas de Coordinación y Logística Electoral del Exterior (OCLEES) no
están oficialmente empoderadas como manda la Constitución y las leyes por lo que el
retraso que implica, conformar los colegios electorales, seleccionar los recintos de
votación, y reclutar y capacitar al personal que va a trabajar en el certamen es
responsabilidad del órgano rector del proceso.

Los alegatos de la junta para no incluir en dicha resolución el voto de la diáspora no es
válido, toda vez que corresponde al organismo cumplir su responsabilidad y dictar la
proclama, dejar abierto oficialmente los trabajos de la OCLEES y que sea la realidad en
cada demarcación que determine la factibilidad o no del evento comicial, ya que esta
omisión representa una conculcación de derecho al dominicano residente en el
exterior y pudiera viciar todo el proceso.

 Es válido recordar que la Organización de Estados Americanos (OEA) fue apoderada
de investigar las causales de la suspensión de las elecciones de febrero las cuales
fueron pospuestas para marzo. En su informe la OEA atribuyo toda la responsabilidad
a la gerencia del proceso; y debo señalar que la JCE acepto con estoicismo su
responsabilidad; y también debo indicar que sin duda, el proceso de marzo sirvió para
que el organismo recobrara la confianza diezmada por este hecho; tanto por la
sociedad y los actores políticos.

Es imperativo; el voto en exterior no se puede aplazar por negligencia ni
responsabilidad del órgano organizador del evento, hay que hacer todo lo que legal y
humanamente sea posible para que el proceso se lleve a cabo en la fecha consignada,
sobre todo después de la posición que han plateado las autoridades norteamericana
que es donde se registran la mayor cantidad de electores.

Es lamentable que el ministerio de relaciones exteriores en vez de apostar a la
realización del proceso electoral donde van hacer escogidos los representantes de
ultramar y demás candidatos, se conviertan en obstáculo; resulto de muy mal gusto
ver como el legislador de origen quisqueyano Adriano Espallat, le desmonto la falsa
información de que las autoridades del estado de Nueva York, se oponían a la
realización del proceso en tiempo de Coves, depositando y demostrando con
documentos que estas afirmaciones de la cancillería no se corresponden con la vedad.

El propio Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Miguel Vargas, luego que
el legislador estadounidense le desmintiera y pusiera en contexto la posición del
estado americano en relación a que no se oponen al certamen en su territorio, siempre
que se ciñan al protocolo del covis19; ahora y sin abandonar su pesimismo, le informo
a la JCE, que diez países no han dado respuesta sobre el tema, insinuando que la
dilación de la respuesta implica una negatividad, cuando tampoco esto es cierto; amén
de que de los quinientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y nueve (595, 879)
dominicanos empadronados en el exterior estos diez países juntos representa 
notoriamente una minoría cuantitativa; sin que dejen de ser relevantes su
participación, pero que el silencio de la respuesta en modo alguno significa oposición a
la celebración del proceso y en el hipotético caso de que en algunos de estos
territorios no se pueda celebrar en la fecha prevista lo que se debe hacer es posponer
solo en esas demarcaciones. El voto en el exterior es un derecho constitucional de los
dominicanos de la diáspora y la JCE tiene la obligación de garantizarlo! 

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