Gobernadora de Puerto Rico llama a la sensibilidad en redadas federales y a respetar a inmigrantes legales

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, hizo un pronunciamiento tajante sobre las recientes redadas llevadas a cabo por el gobierno federal en la isla, que han resultado en varios arrestos de individuos con antecedentes criminales que se encuentran en territorio estadounidense de manera ilegal. González convocó a una reunión urgente con el componente federal de seguridad para discutir los alcances y las implicaciones de estos operativos.

Durante su intervención, González subrayó que, a pesar de la naturaleza de las redadas, realizadas sin la debida coordinación con las autoridades estatales locales, es fundamental que el gobierno federal lleve a cabo estas acciones con la mayor sensibilidad posible y dentro de los estrictos márgenes establecidos por la Orden Ejecutiva federal. La mandataria expresó su preocupación por la posibilidad de que, en medio de estas operaciones, puedan ser objeto de detención personas que se encuentran en la isla de manera legal, en especial aquellos inmigrantes que residen en Puerto Rico conforme a la normativa migratoria vigente.

“El gobierno federal está realizando estas redadas sin coordinación con los gobiernos estatales. Aunque esta redada se dio sin coordinación estatal, es imperativo que se lleven a cabo con sensibilidad y dentro de los estrictos parámetros de la Orden Ejecutiva federal y no se atente contra inmigrantes que están en la isla de manera legal”, expresó González.

El tema de la inmigración y la seguridad fronteriza en Puerto Rico ha sido uno de los puntos más sensibles en la política local en los últimos años, y las recientes acciones federales han reavivado las tensiones en torno a cómo se deben manejar estas situaciones sin comprometer los derechos de los residentes legales ni crear un ambiente de miedo entre las comunidades vulnerables.

La gobernadora hizo hincapié en que las operaciones de seguridad deben alinearse con los valores fundamentales de la isla y ser transparentes, respetando el derecho de los ciudadanos y residentes legales de Puerto Rico. Además, enfatizó la necesidad de un diálogo fluido entre las autoridades federales y locales para garantizar que las redadas no den pie a abusos ni a acciones desproporcionadas contra la población.

“Puerto Rico, al igual que cualquier otra jurisdicción, tiene el derecho de proteger a sus ciudadanos, pero esa protección no debe llevarse a cabo a costa de la integridad de aquellos que cumplen con la ley”, añadió González. Su declaración también recordó que las redadas, aunque enfocadas en individuos con récord criminal, deben ser cuidadosamente monitoreadas para que no se vulneren derechos civiles ni se genere desconfianza en la comunidad inmigrante legal.

La gobernadora concluyó su mensaje reiterando su compromiso de trabajar junto con las autoridades federales, pero insistió en que la coordinación y el respeto a la ley son esenciales para manejar estos operativos de manera efectiva y justa para todos los residentes de la isla.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y activistas de la comunidad inmigrante en Puerto Rico han comenzado a alzar la voz, pidiendo una mayor transparencia en la implementación de las redadas y abogando por protocolos más estrictos que aseguren que los derechos de las personas legales no sean violados en el proceso.