Imponen un año de prisión preventiva a implicados en red de trata de personas

 La justicia dictó un año de prisión preventiva contra cuatro imputados (una mujer y tres hombres) por formar parte de una organización criminal transnacional que explotaba sexualmente a ocho colombianas y que fue desmantelada en la operación Venus, informó este viernes la Procuraduría General de la República (PGR).

Según un comunicado del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste declaró el caso de tramitación compleja e impuso esa medida de coerción a Geraldyne Torres Betancur, presumiblemente de nacionalidad colombiana; Jason Manuel Santana, alias Nino; Dariel Castro Santos y Félix Joel Rodríguez (Yoi o Joi), la cual deberán cumplir en Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

De acuerdo con el expediente del caso, las víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger su identidad e integridad física, fueron traídas con engaños a República Dominicana, donde eran ofrecidas en discotecas, retenidas y obligadas a mantener relaciones sexuales.

El texto agrega que, en cuanto pisaban territorio dominicano, a estas mujeres se les retenía el pasaporte y se les obligaba a pagar una supuesta deuda de 3,500 dólares, que tenían que abonar a través de trabajos sexuales gestionados por los imputados.

Esas ocho víctimas de explotación sexual y comercial, a las que las autoridades dominicanas pudieron rescatar, fueron captadas supuestamente en Colombia por la ahora imputada Torres Betancur, pareja sentimental de Castro Santos, presuntamente el jefe y que administraba las operaciones de la red.

Aunque se les decía que iban a ser damas de compañía, al llegar a República Dominicana y ser trasladadas desde el aeropuerto a unos apartamentos de un residencial en el sector Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, se les informaba que para saldar su deuda debían sostener relaciones sexuales con clientes.

Estos, a cambio, transferían a cuentas de los imputados hasta 7,000 pesos.

Conforme a la investigación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), las acciones de los imputados constituyen una violación a los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas, y violación a los artículos 5 letra A, 28, 60, 75 párrafo II y 85 letra B de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, en categoría de traficantes agravada.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones y la recolección de pruebas de este caso. EFE