Desmantelan remanentes de red de narcotráfico y lavado con nueva fase de la Operación Arrecife

 El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, ejecutó 13 allanamientos en las provincias Samaná y Santo Domingo Este, con el objetivo de desarticular los remanentes de la estructura de narcotráfico y lavado de activos previamente atacada mediante la Operación Arrecife.

 La red criminal era dirigida por Omar Ortiz Mosquea y Arantza García Eusebio, quienes ya están siendo procesados judicialmente. En esta nueva fase participaron 5 fiscales, más de 70 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y un equipo técnico especializado.

Incautaciones y zonas intervenidas
Durante el operativo, las autoridades incautaron 10 propiedades, así como documentos legales, títulos de propiedad y aparatos electrónicos, los cuales serán objeto de análisis pericial.
Los allanamientos se realizaron en comunidades como Loma Atravesada, Las Galeras y Las Terrenas, en Samaná, así como en sectores de Santo Domingo Este.

La estructura criminal operaba en el tráfico internacional de drogas y el lavado de activos, violando las leyes 50-88 sobre Drogas y 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 Droga incautada y pruebas presentadas
El 20 de febrero de 2023, las autoridades incautaron 243 paquetes que contenían 250.58 kilogramos de cocaína clorhidratada, según confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Además, se les atribuye el patrocinio y envío de esta droga hacia Puerto Rico, donde fueron ocupados 328 kilogramos adicionales.

Los recursos generados por esta actividad fueron utilizados para la compra de bienes muebles e inmuebles, la simulación de ventas y la colocación de altas sumas de dinero en el sistema financiero, lo que dio lugar a una nueva intervención: Operación Arrecife 2.0.

El Ministerio Público presentó una acusación penal respaldada por más de 600 pruebas, entre ellas documentales, testimoniales, periciales, audiovisuales y materiales, que vinculan de manera directa a los acusados. Los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada lideran el proceso.

 El expediente también involucra al prófugo Joel Antonio Estévez Batista, quien permanece bajo búsqueda activa por su participación en la red.