Autoridades de EE. UU. desarticulan red de narcotráfico y tráfico de armas dirigida desde RD

Autoridades federales de Estados Unidos anunciaron  el desmantelamiento de una organización dedicada al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas que operaba en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, presuntamente bajo la coordinación de un ciudadano dominicano radicado en República Dominicana.

La Administración de Control de Drogas (DEA) informó que, como resultado del operativo, fueron arrestadas seis personas señaladas como integrantes clave de la estructura criminal. El fiscal federal del distrito de Connecticut, David X. Sullivan, explicó que la red distribuía drogas y armas de fuego en los tres estados, siguiendo instrucciones del supuesto cabecilla desde territorio dominicano.

Los detenidos fueron identificados como Manolin Vargas D’Olon, alias “Robelin”, de 30 años; Giovanni Benoit, de 41; Álvaro Pérez, de 40; Anderson Amador Nova, de 35; Ángel Vásquez, alias “Bebo”, de 36; y Andy Martínez, de 46. Varios de ellos son de nacionalidad dominicana y residían en los estados intervenidos.

Según documentos judiciales, el líder de la organización coordinaba las operaciones mediante una red de redistribuidores en Estados Unidos. Durante la investigación, las autoridades realizaron más de 30 compras encubiertas, logrando incautar más de un kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y 17 armas de fuego.

Los análisis de laboratorio revelaron que parte del fentanilo estaba combinado con bromazolam, una benzodiazepina sintética asociada al aumento de sobredosis fatales. Además, los investigadores indicaron que el presunto cabecilla habría hecho comentarios que sugerían su capacidad para ordenar actos violentos dentro de Estados Unidos.

Los seis imputados comparecieron ante un tribunal federal. Vargas D’Olon, Pérez, Nova y Vásquez permanecen bajo custodia, mientras que Benoit y Martínez obtuvieron libertad bajo fianza con arresto domiciliario.

El 9 de diciembre de 2025, un gran jurado federal en New Haven presentó una acusación formal de 15 cargos, que incluyen conspiración para distribuir fentanilo y metanfetamina, así como múltiples delitos relacionados con armas de fuego. De ser encontrados culpables, algunos enfrentan penas mínimas obligatorias de hasta 10 años de prisión y condenas que podrían llegar a cadena perpetua.

De manera adicional, Vargas D’Olon enfrenta un proceso federal separado por presunta posesión de pornografía infantil, luego de que se encontrara material ilegal en su teléfono celular durante un arresto previo por cargos estatales de drogas en mayo de 2025, delito que conlleva una pena máxima de 20 años.

El fiscal Sullivan reiteró que las acusaciones no constituyen una determinación de culpabilidad y que todos los imputados son considerados inocentes hasta que un tribunal dictamine lo contrario.

Este caso se enmarca dentro de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creada para combatir organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico, con énfasis en delitos violentos y aquellos que involucran a menores. La investigación contó con el apoyo de múltiples agencias federales y policiales, así como del agregado legal del FBI en Santo Domingo.