Extorsión golpea a más de 300 mil hogares en Honduras y obliga a familias a abandonar sus comunidades

Más de 300 mil hogares en Honduras han sido alcanzados por el delito de extorsión, una problemática que continúa golpeando con fuerza la economía familiar y la vida cotidiana de miles de ciudadanos en distintas zonas del país. El impacto no solo se refleja en pérdidas económicas, sino también en el temor constante que obliga a muchas familias a cambiar rutinas, cerrar negocios o incluso abandonar sus comunidades para protegerse de las amenazas.

El crecimiento sostenido de este delito ha provocado situaciones extremas como el desplazamiento forzado de familias completas y la paralización de actividades comerciales en barrios y municipios donde antes predominaba la tranquilidad. Comerciantes y trabajadores independientes se ven obligados a destinar parte de sus ingresos al pago de cuotas ilegales, lo que limita su capacidad de crecimiento y deteriora aún más la situación económica local.

Según el informe más reciente divulgado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a pesar del estado de excepción y del aumento de operativos de seguridad implementados desde 2022, el problema no muestra señales claras de reducción. Por el contrario, la proporción de hogares afectados pasó de 9 % en 2022 a 11,6 % en 2024, evidenciando un aumento tanto en el número de víctimas como en la extensión territorial del delito.

La organización advierte que este panorama mantiene a miles de ciudadanos en una situación de incertidumbre y miedo permanente, afectando no solo la estabilidad económica, sino también la convivencia social y el bienestar emocional de comunidades enteras, que continúan buscando alternativas para protegerse frente al avance de las redes criminales.