Gobierno cataloga como terroristas medioambientales a aquellos que afecten los parques nacionales

El Gobierno dominicano emitió el Decreto 615-26, que declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental y establece medidas contra las agresiones deliberadas a los parques nacionales y otros recursos naturales críticos.

El presidente Luis Abinader señaló que serán considerados actos de terrorismo medioambiental aquellos que provoquen la desaparición o daño sistemático de los parques nacionales y advirtió que nacionales dominicanos y extranjeros que incurran en estos hechos serán perseguidos.

Abinader informó que, al inicio de su gestión, se constató que la mayoría de las áreas protegidas no contaban con títulos de propiedad a nombre del Estado y que se inició un proceso de titulación nacional para corregir esta situación.

Asimismo, indicó que gran parte de los incendios forestales registrados recientemente, incluido el ocurrido en el Parque Nacional de Bahoruco, son provocados por actividades ilícitas que afectan la flora, la fauna, el suministro de agua y la seguridad alimentaria.

De acuerdo con la información ofrecida, las conductas que afecten los parques nacionales podrán enfrentar sanciones de 20 a 30 años de prisión, con el respaldo de las disposiciones legales y el nuevo Código Penal.

También se dispuso que tanto los autores materiales como quienes determinen, patrocinen, contraten o envíen a otras personas para cometer estos hechos enfrenten el mismo peso de la ley. Según lo informado, entre los autores materiales identificados figuran nacionales haitianos, mientras que también se perseguirá a los determinadores o patrocinadores de nacionalidad dominicana.

El decreto prioriza la prevención, detección e investigación del terrorismo medioambiental y otorga especial protección a las áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.

Además, dispone la elaboración de una política para prevenir y combatir incendios forestales provocados y amenazas contra la infraestructura hídrica y energética.

La normativa establece también la remisión inmediata al Ministerio Público de las agresiones contra el patrimonio ambiental para iniciar las acciones penales correspondientes, así como mecanismos de denuncia confidencial y plataformas tecnológicas para estos casos.