Sanidad ultima un borrador de protocolo para el registro de personas objetoras al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que en los próximos días estará listo el borrador de protocolo para el registro de personas objetoras al aborto “y que ninguna comunidad se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción legal del embarazo no se lleve a cabo en la sanidad publica”.

En un desayuno informativo donde ha presentado al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, la ministra ha subrayado que “muchas voces quieren retraer a España a tiempos pretéritos” y ha vuelto a reivindicar “el derecho al aborto libre y seguro como un derecho fundamental que hemos conquistado y no tiene vuelta atrás”.

Abortos “libres y seguros”
“Es un desafío que este derecho se consagre en nuestra sanidad pública” ha dicho la ministra, que ha defendido que se pueda acudir a los centros de la sanidad pública para que estos abortos sean “libres y seguros”.

“Estamos oyendo voces en muchos países (Italia, Argentina o Hungría) e incluso en España que vuelven a poner la batalla política en nuestros cuerpos. No lo vamos a permitir”, ha dicho.

En declaraciones a los medios al término del desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, la ministra ha explicado que la elaboración de este borrador es un mandato de la ley de protección de la vida sexual y reproductiva de las mujeres.

“El borrador viene a cubrir un vacío legal en el que se estaban amparando algunas comunidades y algunos hospitales para no cumplir la ley y que los abortos no se realicen en la sanidad pública” ha señalado.

Los plazos
Ha precisado que una vez que Sanidad tenga el borrador lo enviarán a todas las comunidades y el objetivo final será “tener una imagen real de los objetores en España respecto a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Respecto a los plazos previstos para tener el registro aprobado, la ministra ha dicho que “está pendiente llevarlo a las comunidades, consensuarlo y dar salida a la ley” para, ha insistido, “cubrir ese vacío legal que está impidiendo que en algunas regiones las mujeres no puedan ejercer su derecho al aborto libre y seguro en la sanidad pública”.

EFE