EE.UU. y China empezaron una batalla por los puertos de Panamá, en el contexto del acuerdo de la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, de vender dos puertos situados en el canal de Panamá a la compañía estadounidense BlackRock y en medio de las aspiraciones del presidente Donald Trump de tomar el control del paso marítimo.
CK Hutchison anunció a principios de marzo que había llegado a un acuerdo con una empresa de inversión norteamericana para vender los puertos de Balboa y Cristobal, ubicados en ambos extremos del canal de Panamá, y otros 41 puertos en 23 países. El trato, que aún no se ha firmado, está valorado en 23.000 millones de dólares. Sin embargo, tras su anuncio, las autoridades chinas criticaron la venta de los puertos, acusando a Washington de intimidar a la firma hongkonesa, recoge South China Morning Post.
La idea se encuentra en la fase de 'acuerdo de principio', es decir, prevé un plazo de 145 días para estipular las condiciones de la compra, durante el cual los accionistas de CK Hutchison y el Gobierno panameño deben aprobar la operación.
¿Qué cambios provocará el acuerdo?
Según China Daily, Hutchison Port Group es una de las mayores empresas portuarias del mundo, propietaria de 43 puertos de contenedores con 199 atracaderos en 23 países, incluidos dos puertos panameños en los que tiene una participación del 90 %. En este contexto, la venta de una participación del 80 % en Hutchison Port Group podría dar a BlackRock el control del 10,4 % de la facturación mundial de contenedores y convertirla en el tercer operador portuario del mundo.
Un acuerdo de este tipo tendría un gran impacto en los costes logísticos y las cadenas de suministro para China, que sigue siendo el mayor socio comercial de más de 120 países, ya que el paso por el canal de Panamá podría ser más difícil para los barcos chinos si los puertos a ambos lados del canal pasan a manos de una empresa estadounidense.
Además, el acuerdo reforzaría la estrategia de Trump de 'EE.UU. primero' y permitiría a Washington ejercer influencia en la región Asia-Pacífico, aseveró Andrew KP Leung, estratega internacional y exfuncionario de Hong Kong. Asimismo, la adquisición de una cartera portuaria tan grande podría ayudar a EE.UU. a competir con China en el transporte de contenedores y el comercio mundial, especialmente si se combina con la imposición de nuevos aranceles.
¿Cómo puede China socavar el acuerdo?
Mientras no se firme el contrato definitivo, Pekín tiene tiempo de impedirlo. Expertos creen que, dado que el acuerdo no afecta a puertos situados en China, las autoridades del país asiático no pueden regular que se lleve o no a cabo.
Así, Regina Ip Lau Suk-yee, presidenta del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, órgano gubernamental decisorio clave, aseveró que que sería difícil que las autoridades continentales y locales intervengan en el acuerdo. La funcionaria indicó que es un "trato muy bueno" para la empresa. "Si hay que reprochar algo a CK Hutchison, es que no tuvo en cuenta los intereses nacionales y la reacción nacional antes de cerrar el trato", declaró, agregando que las autoridades debían proteger la empresa de la presión estadounidense.
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No obstante, Pekín dispone de varias herramientas que puede utilizar para descarrilar el pacto. Por ejemplo, podría recurrir a las leyes antimonopolio e interferir en la transacción si consideran que el acuerdo eliminaría o restringiría la competencia en el mercado nacional chino, explica Reuters.
Otra herramienta son las Medidas de Revisión de la Seguridad de la Inversión Extranjera, adoptadas en 2021, que permiten examinar un acuerdo para determinar si la venta afecta a la seguridad nacional. En virtud de esta ley, las autoridades chinas "pueden tener autoridad para revisar las transacciones entre empresas extranjeras si el objeto de la transacción es una entidad relacionada con China", lo que es coherente con el caso de CK Hutchison, que tiene instalaciones y oficinas de representación en China, dijo Felix Ng, socio de la empresa de abogados Haldanes.
El acuerdo podría ponerse a examen también en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2020, que penaliza la connivencia con fuerzas extranjeras y la subversión contra China. Simon Young, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Hong Kong, asegura que, para aplicar la ley, las autoridades tendrían que demostrar que el acuerdo portuario pone en peligro la seguridad nacional o viola las leyes o políticas del país y tendría graves consecuencias. Si se descubren infracciones, se anularía el acuerdo y el Gobierno podría incautar los activos de la empresa.
rt
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