Desde enero, las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han intensificado las operaciones contra inmigrantes indocumentados en Puerto Rico, con un saldo de 149 ciudadanos dominicanos detenidos hasta la fecha. Estas redadas forman parte de la política federal que busca deportar a inmigrantes en situación irregular, lo que ha generado temor en la comunidad afectada.
Nilka Marrero, pastora y activista, ha organizado simulacros para preparar a sus feligreses ante posibles arrestos, en respuesta al creciente número de detenciones. Desde el 26 de enero, más de 200 personas han sido detenidas, la mayoría de ellas de origen dominicano. Aunque ICE ha declarado que su enfoque está en personas con antecedentes criminales o con órdenes de deportación, no se han proporcionado cifras exactas sobre cuántos de los arrestados cumplen estos criterios.
El incremento de las redadas ha despertado preocupación entre líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Annette Martínez, de la ACLU de Puerto Rico, ha cuestionado los procedimientos de detención y el trato recibido por los inmigrantes. En San Juan, la comunidad dominicana ha reducido su presencia en espacios públicos por miedo a ser arrestada. Testimonios como el de "el pescador", un migrante que fue detenido junto a su hijo y luego separado de él, han generado indignación.
Frente a esta crisis, diferentes sectores han ofrecido apoyo. Voluntarios coordinados por Marrero brindan alimentos y asistencia a quienes temen salir de sus hogares. En el ámbito político, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, ha afirmado que la policía municipal no colaborará con las redadas, mientras que el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, ha garantizado asistencia a los inmigrantes sin exigir documentación. A su vez, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico ha anunciado que proporcionará atención médica a los afectados.
Inicialmente, la gobernadora Jenniffer González había minimizado el impacto de las medidas federales en la isla, pero luego reconoció la necesidad de acatarlas para no comprometer la llegada de fondos federales. En paralelo, la Iglesia Episcopal de Puerto Rico ha lanzado un programa de apoyo que incluye asesoría legal, acompañamiento psicológico y asistencia espiritual para los migrantes.
Mientras las detenciones continúan, Marrero y otros activistas refuerzan la orientación a la comunidad inmigrante, enfatizando la importancia de conocer sus derechos y de contar con documentos en orden para afrontar posibles encuentros con agentes de inmigración.
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