Corte Suprema de EE.UU. detiene, temporalmente, deportaciones bajo ley de guerra del siglo XVIII

La Corte Suprema de Estados Unidos, detuvo el sábado, temporalmente, la deportación de cualquier venezolano detenido en el norte de Texas bajo la ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. En una breve orden, el alto tribunal ordenó al gobierno de Donald Trump que no expulse a los venezolanos retenidos en el Centro de Detención, Bluebonnet, “hasta nueva orden de esta corte”.

La corte actuó en respuesta a un recurso de emergencia interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles que argumentaba que las autoridades migratorias parecen estar tomando medidas para reanudar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

El tribunal dijo en abril que las deportaciones podrían continuar solo si quienes estaban a punto de ser expulsados tenían la oportunidad de defender su caso ante la corte y se les concedía “un tiempo razonable” para impugnar sus deportaciones pendientes. “Estamos profundamente aliviados de que la Corte haya bloqueado temporalmente las deportaciones. Estas personas corrían un peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una brutal prisión salvadoreña sin haber tenido nunca un proceso justo”, dijo el abogado, Lee Gelernt.

El viernes, dos jueces federales se negaron a intervenir cuando los abogados de los afectados lanzaron una desesperada campaña legal para evitar su deportación, a pesar de que uno de los magistrados dijo que el caso planteaba preocupaciones legítimas. A primera hora de este sábado, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos también se negó a emitir una orden que protegiera a los detenidos de ser deportados. Se espera que el gobierno recurra de rápidamente a la Corte Suprema en un esfuerzo por persuadir a los jueces de que levanten su orden temporal

En una solicitud de emergencia el viernes temprano, la ACLU advirtió que las autoridades de inmigración estaban acusando a otros venezolanos detenidos allí de formar parte de la pandilla Tren de Aragua, lo que permitiría que se les aplicase la ley.

Esta normativa solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, para mantener a civiles japoneses-estadounidenses en campos de internamiento. El gobierno de Trump argumentó que lo capacitaba para expulsar rápidamente a inmigrantes identificados como miembros de la pandilla, independientemente de su estatus migratorio.

Tras la orden unánime del alto tribunal del 9 de abril, jueces federales de Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron rápidamente órdenes que prohibían la deportación de detenidos en virtud de esa ley hasta que el gobierno estableciera un proceso para que pudieran presentar sus reclamos ante una corte.

El juez de distrito James Wesley Hendrix, designado por Trump, se negó esta semana a prohibir al gobierno la expulsión de los dos hombres identificados en la demanda de la ACLU porque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó declaraciones juradas de que no serían deportados de inmediato.

La solicitud del viernes de la ACLU incluye declaraciones juradas de tres abogados de inmigración que dijeron que a sus clientes en Bluebonnet se les dio documentación que indicaba que eran miembros del Tren de Aragua y podrían ser deportados para el sábado. En uno de los casos, la abogada de inmigración Karene Brown afirmó que a su cliente, a quien identificó únicamente por sus iniciales, se le dijo que firmara papeles en inglés, aunque solo habla español.

Además, un juez de Massachusetts hizo permanente su prohibición temporal sobre el gobierno de deportar a inmigrantes que han agotado sus apelaciones a países distintos de los suyos, a menos que se les informe de su destino y se les dé la oportunidad de objetar si enfrentarían tortura o muerte allí. Algunos venezolanos sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump han sido enviados a El Salvador y alojados en su notoria prisión principal.