Sanciones por el medio ambiente entre 2023 y 2024

ntre 2023 y 2024, el Ministerio de Medio Ambiente emitió más de 440 sanciones administrativas contra infractores de las normas ambientales por delitos que van desde el desarrollo de proyectos sin autorización y la minería metálica ilegal hasta la ocupación de franjas costeras y áreas protegidas.

En el informe "Gestión de sanciones ambientales impuestas por el Ministerio de Medio Ambiente", actualizado cada mes, las autoridades muestran el costo económico de cometer ilícitos ambientales, con sanciones que, en algunos casos, superan los 10 millones de pesos, además de medidas "cualitativas" que debe asumir el infractor como la remediación.

De acuerdo con las estadísticas, la sanción más costosa emitida en el citado período fue impuesta en mayo de 2024 por 20.4 millones de pesos a una empresa de agregados señalada por realizar actividades de extracción de materiales sin contar con una autorización ambiental.

En segundo lugar se encuentra una multa de 19.6 millones de pesos, colocada en enero de ese mismo año a una empresa inmobiliaria, por intervenir dentro de la franja marítima de los 60 metros en Playa Arriba, en Miches. La compañía también intervino en la canalización del arroyo Palmarito, en El Seibo, y el relleno con arcilla de las dunas de playa.

Las autoridades ordenaron la paralización de todas las actividades hasta tanto el proyecto cuente con una autorización emitida por el ministerio.

De daños a un arrecife a ocupación de río
Por los daños al área del fondo arrecifal en una zona de buceo conocida como El Acuario, en el Monumento Natural Isla Catalina, las autoridades multaron con 18.2 millones de pesos a una empresa en febrero de 2024.

Entre las sanciones más costosas también está una de más de 13.6 millones de pesos impuesta a un hombre por construir varias villas dentro de los 30 metros del río Jamao, en la provincia Espaillat, sin contar con permiso ambiental.

Las sanciones cualitativas consistieron en retirar el proyecto de los 30 metros del área de protección de las corrientes fluviales y en la paralización de actividades hasta que el proyecto se regularizara.