Disponen libertad bajo fianza a ocho implicados en red de fraude bancario y robo de identidad

Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho personas imputadas por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad, la cual operaba desde el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, argumentando que los acusados no ofrecían garantías suficientes de presentarse al proceso ni contaban con el arraigo necesario para descartar el peligro de fuga.

Sin embargo, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica mediante contratos de RD$3,000,000 para Freddery García Ortiz, señalado como cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.

 Asimismo, dispuso una garantía económica de:

•  RD$1,000,000 para George Charlie Abreu Tejada
• RD$500,000 para Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias
• RD$200,000 para Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares
• RD$150,000 para Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango)

A solicitud del Ministerio Público, el juez declaró el caso como complejo, otorgando un plazo de 12 meses para que se concluya la investigación y se presente la acusación formal, según establece un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República.

Durante la audiencia, los fiscales Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial, y Gabriela Gómez Garrido, del Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentaron cerca de 100 elementos de prueba que sustentan la acusación. Recibe en tu bandeja de correos un resumen semanal de las principales noticias de interés para la diáspora dominicana y Estados Unidos. 
 Las evidencias documentan la estructura de la red, su modus operandi y los resultados obtenidos a través del fraude.

Transferencias ilícitas

La investigación se originó tras reclamaciones de clientes de una entidad financiera, lo que llevó a una operación conjunta del Ministerio Público y la Dirección de Policía Cibernética (Dicat). Se logró identificar a los integrantes de la red, quienes accedieron ilegalmente a perfiles de clientes, realizaron transferencias ilícitas a cuentas controladas por los imputados y retiraron los fondos mediante cajeros automáticos y ventanillas bancarias.

 El operativo fue coordinado por la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con apoyo de más de 200 agentes del Dicat y 40 fiscales, quienes ejecutaron 34 allanamientos simultáneos. Durante los mismos se incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes.

Además, se ocuparon sustancias controladas, vehículos y se procedió a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los fondos obtenidos mediante actividades ilícitas. El Ministerio Público calificó jurídicamente los hechos como violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal, los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La Fiscalía considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, y continúa con la investigación para identificar a otros posibles implicados.