Ministerio Público revela maniobras para ocultar bienes millonarios en caso Coral

El Ministerio Público presentó nuevos elementos de prueba que demuestran cómo los acusados en el caso derivado de la Operación Coral utilizaron prestanombres para ocultar bienes millonarios, incluyendo inmuebles y vehículos adquiridos en efectivo, que nunca fueron registrados a nombre de sus verdaderos propietarios.

Durante el juicio que se sigue por los expedientes Coral y Coral 5G, fueron escuchadas las declaraciones de siete peritos, quienes detallaron el avalúo de los bienes adquiridos con fondos provenientes de actos de corrupción, según la acusación.

Inmuebles analizados
 

Entre los inmuebles analizados destacan tres residencias en el exclusivo sector Colina del Oeste, construidas por los imputados mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, coronel Franklin Antonio Mata Flores y el capitán Boanerges Reyes Batista. Según los informes periciales, estas propiedades tienen un valor conjunto de US$3,486,544.92.

 Las investigaciones establecen que dichas propiedades fueron registradas a nombre de la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., vinculada a la imputada Rossy Guzmán Sánchez, también conocida como la Pastora, en una operación dirigida a ocultar la verdadera titularidad de los bienes.

También se presentó el avalúo de un inmueble registrado a nombre de la Asociación Campesina Madre Tierra, propiedad atribuida a Cáceres Silvestre, que incluye naves avícolas modernas y cultivos diversos, con un valor estimado de US$3,856,046.

Para esconder su participación, el exoficial utilizó como fachada a terceros, entre ellos Elvin Rudys Martínez y Rossy Guzmán Sánchez, quienes figuran como supuestos directivos de la asociación. Cabe destacar que Martínez ya había admitido en audiencias anteriores haber prestado su nombre para esos fines.

Irregularidades
 

Durante la audiencia del jueves también declararon los exencargados de Nómina, Asuntos Legales y Compras del Conani, quienes denunciaron irregularidades durante la gestión de Greibby Cuello Coste en 2020, esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, otro de los implicados.

Los testigos confirmaron que Cuello Coste nombró al coronel Rafael Núñez de Aza como gerente financiero del Conani, mientras este ya ejercía funciones similares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). Aunque la Contraloría General de la República revocó esa designación, Cuello Coste mantuvo a Núñez de Aza como su representante ante el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad.

 
272 testigos y peritos
 

El Ministerio Público estuvo representado en esta jornada por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Harolin Lemos, Melvin Romero, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez. Hasta la fecha, el órgano acusador ha presentado 272 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 pruebas materiales y 120 informes periciales, que sustentan los cargos de corrupción administrativa, asociación de malhechores y lavado de activos.

La audiencia está a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, y continuará el próximo martes 29 de julio de 2025, a las 9:00 de la mañana.