Lyle Menéndez enfrenta audiencia de libertad condicional, un día después de negativa a Erik

Un día después de que la Junta de Libertad Condicional de California negara la libertad a Erik Menéndez, su hermano mayor, Lyle, comparece este viernes ante el mismo organismo en busca de su propia oportunidad de salir de prisión tras más de tres décadas encarcelado por el asesinato de sus padres. El caso vuelve a captar la atención pública luego de que en mayo pasado ambos hermanos vieran reducida su condena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional a una sentencia de 50 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, lo que abrió la puerta a estas audiencias.

La audiencia de Erik: claves de la negativa

La vista de Erik, celebrada el jueves, se prolongó durante casi 10 horas e incluyó extensos interrogatorios sobre su rehabilitación, la oposición de la Fiscalía del condado de Los Ángeles y las súplicas de familiares a su favor. La junta concluyó que Erik “seguía representando un riesgo irrazonable para la seguridad pública”, destacando sus antecedentes juveniles, la brutalidad del crimen de 1989 y sus nueve violaciones al reglamento penitenciario, entre ellas posesión de drogas, un teléfono celular y un encendedor.

El comisionado Robert Barton aclaró que la gravedad del crimen no fue el motivo principal de la decisión, sino su conducta en prisión: “Se puede representar un riesgo para la seguridad pública de muchas maneras, incluyendo la que cometiste en prisión”. Erik podría volver a solicitar la libertad condicional en tres años.

El turno de Lyle Menéndez

La situación de Lyle se evaluará “por sus propios méritos”, aunque comparte con su hermano varios factores de rehabilitación. Una diferencia clave es que acumula un menor número de infracciones en prisión. Sin embargo, su papel en el crimen podría pesar en su contra. Durante el juicio de 1993, Lyle admitió haber disparado a quemarropa contra sus padres con una escopeta, un acto que la junta describió como “desprovisto de compasión humana”.

Además, la Fiscalía ha cuestionado la credibilidad de las acusaciones de abuso paterno en las que los hermanos basaron su defensa, recordando que Lyle llegó a pedir a su novia que mintiera alegando una supuesta agresión de su padre.

 Motivos en disputa: ¿abuso o codicia?

El trasfondo del caso sigue siendo objeto de controversia. Los Menéndez alegaron que mataron a sus padres por temor a perder la vida tras años de abuso. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los crímenes fueron cometidos para apoderarse de la fortuna familiar.

Durante la audiencia de Erik, los comisionados le recordaron un documento en el que afirmaba no tener justificación alguna para el asesinato. Aunque reiteró que actuaron por miedo, reconoció que nunca pensó en denunciar a su padre ni en abandonar el hogar.

“Es difícil expresar lo aterrador que era mi padre. Quizás hoy suene irracional, pero en ese momento sentía que no podía escapar”, declaró. El fiscal adjunto Habib Balian sostuvo que Erik “nunca ha mostrado un remordimiento absoluto” y que aún promueve una narrativa falsa de autodefensa.

La voz de la familia

Más de una docena de familiares hablaron en favor de Erik, asegurando que lo han perdonado y que reconocen su arrepentimiento. “Decir que nuestra familia ha experimentado dolor no refleja del todo lo que han sido los últimos 35 años. Nos ha dividido, nos ha causado ansiedad y aislamiento”, expresó Tiffani Lucero-Pastor, sobrina nieta de Kitty, madre de los hermanos. El único pariente conocido que se oponía a su liberación, Milton Andersen, hermano de Kitty, falleció a inicios de este año. Tras la negativa de la junta, los familiares emitieron un comunicado en apoyo a Erik y anunciaron que también defenderán la liberación de Lyle, mostrándose “cautelosamente optimistas”.

El rol del gobernador

Aunque la Junta de Libertad Condicional decida, el gobernador de California, Gavin Newsom, tiene la última palabra. Según la ley estatal, puede aprobar, revocar o modificar los fallos en casos de condenados por asesinato. La decisión de la junta pasa por una revisión interna de hasta 120 días. Luego, Newsom tiene 30 días para pronunciarse. Expertos como Christopher Hawthorne, profesor de derecho en Loyola, advierten que históricamente los gobernadores han sido reticentes a liberar a acusados de alto perfil, aunque la tendencia cambió parcialmente con Jerry Brown y el propio Newsom. “Todos los gobernadores son bastante alérgicos a la liberación de acusados de alto perfil”, explicó Hawthorne, aunque recordó que hoy la libertad condicional es más viable que en administraciones anteriores.

CNN