Ministerio Público solicita prisión preventiva contra dos personas vinculadas a red que cometió estafa millonaria

 El Ministerio Público solicitó a un tribunal del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una mujer y un hombre arrestados por un fraude de más de once millones de pesos perpetrado por una estructura criminal dedicada a vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria.

Los imputados Cristina Evelyn Peguero Sánchez y Darwin Emmanuel Jacobo fueron arrestados durante un operativo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que incluyó cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana.

El operativo fue dirigido por las fiscales Lewina Tavárez Gil, responsable interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, con el apoyo de miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional.

El Ministerio Público solicitó la imposición de la prisión preventiva contra los imputados señalados como parte de una red criminal que, junto a otros individuos aún prófugos, operó entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, para vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria, logrando estafar con la suma de once millones ciento treinta y un mil doscientos pesos dominicanos (RD$11,131,200.00).

La jueza Fátima Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para este domingo, 7 de septiembre de 2025, a fin de permitir que las defensas de los imputados presenten presupuestos de arraigo.
El Ministerio Público les imputa violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El órgano persecutor sostiene que se trata de una red criminal altamente estructurada y solicita la imposición de prisión preventiva como medida necesaria para garantizar la correcta continuación del proceso, salvaguardar la integridad de la investigación y asegurar la comparecencia de los imputados, mientras las pesquisas continúan en curso.