Defensa de Mangione cuestiona decisión de Pam Bondi de buscar la pena de muerte

Los abogados de Luigi Mangione afirmaron que la decisión de la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, de ordenar que se busque la pena de muerte contra su cliente estuvo influenciada por un conflicto de intereses derivado de sus vínculos previos con la firma de cabildeo Ballard Partners, que representaba a la empresa matriz de UnitedHealthcare, cuyo CEO Brian Thompson fue la víctima del asesinato.

En un documento judicial presentado el viernes, la defensa sostuvo que Bondi —exsocia de Ballard— violó el derecho al debido proceso de Mangione al involucrarse en la decisión del castigo máximo, pese a haber prometido antes de asumir el cargo que se abstendría de intervenir en asuntos relacionados con clientes de la firma durante un año. Los abogados alegan que Bondi mantiene acuerdos financieros con Ballard y, de forma indirecta, con UnitedHealth Group, lo que a su juicio constituye un “profundo conflicto de intereses”.

La defensa solicitó que se prohíba al gobierno buscar la pena de muerte y que se desestimen algunos cargos. También cuestionaron declaraciones públicas de Bondi en las que afirmó que Mangione merecía la ejecución, indicando que eso contaminó el proceso previo a la acusación. La audiencia está programada para el 9 de enero.

Mangione, de 27 años, está acusado del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre de 2024 en Manhattan. Según las autoridades, el atacante disparó por la espalda al ejecutivo y las balas contenían palabras como “retrasar”, “negar” y “deponer”, en referencia a prácticas atribuidas a las aseguradoras. Mangione fue arrestado días después en Pensilvania y se declaró no culpable. El caso estatal contempla cadena perpetua, mientras que el proceso federal podría llevar a la pena capital.

La presentación del viernes llega un día después del cierre de una audiencia en la que la defensa intentó impedir que fiscales del caso estatal usen pruebas halladas en el arresto, entre ellas un arma que coincide con la utilizada en el crimen y un cuaderno donde supuestamente describía su intención de “eliminar” a un ejecutivo del sector salud. No se espera un fallo sobre este punto hasta mayo.

Los fiscales federales rechazaron los argumentos de la defensa, asegurando que la publicidad previa al juicio no constituye una violación constitucional por sí misma y que las posibles preocupaciones deben resolverse con un riguroso proceso de selección del jurado.