VENEZUELA: Detención de Rocío San Miguel aviva las tensiones

Otro caso que podría elevar aún más la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Este martes, la Casa Blanca se refirió en rueda de prensa sobre la detención de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y de la presunta desaparición de su hija. «Estamos observando esto muy, muy de cerca. Estados Unidos está consciente y profundamente preocupado». Estas fueron las declaraciones de John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Rocío San Miguel, reconocida por su activismo en derechos humanos y por su crítica a los gobiernos chavistas, fue detenida el viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cerca de la capital, Caracas, según grupos de defensa y de abogados.

La detención fue confirmada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dos días después del arresto. En el comunicado, Saab informó que la causa es presunta “conspiración” en contra del presidente Nicolás Maduro. Saab afirmó que la detención está apegada a la ley y hace parte de una investigación en curso que involucra a más ciudadanos venezolanos en la trama conocida como ‘Brazalete Blanco’. Sin embargo, el arresto fue ampliamente condenado en las redes sociales por políticos de la oposición y por más de 200 grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, que exigió su liberación inmediata.

Hija presuntamente desaparecida

El lunes se sumó otro hecho que fue denunciado por Juan González, uno de los abogados de la activista. Al parecer la hija de Rocío San Miguel también estaría desaparecida. Las dos se encontraban en el aeropuerto para viajar a Miami de vacaciones.

El equipo legal de San Miguel solicitó información a los funcionarios de seguridad pero ni la fiscalía general ni el Ministerio de Comunicación respondieron a solicitudes de comentarios, según González. A una familiar de Rocío San Miguel le habrían comunicado las autoridades venezolanas que tanto San Miguel, como su hija fueron trasladadas a un centro de detención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Sin embargo, esta información no ha podido ser confirmada.

De ser cierta, también implicaría un riesgo para la integridad de la activista y su hija. Expertos en derechos humanos de la ONU han documentado la existencia de salas de tortura en los centros de detención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Rocío San Miguel y su hija tienen doble ciudadanía de Venezuela y España, por lo que la familia dijo que espera que el consulado español en Caracas intervenga en el caso.

Caso judicial 

El lunes, una primera audiencia del caso ‘Brazalete Blanco’ se desarrolló en horas de la noche en la que participó Rocío San Miguel y otros cinco ciudadanos venezolanos también presuntamente involucrados en la trama conspirativa, según el Gobierno venezolano. Ante las críticas de organismos de derechos humanos y de Estados Unidos, el fiscal venezolano respondió con una denuncia pública.

«Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del Sistema de Justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela orquestados desde los poderes imperiales de Occidente».

¿Por qué la detención preocupa a la comunidad internacional?

Rocío San Miguel, experta en temas de seguridad, defensa y derechos humanos, es presidente de la organización no gubernamental Control Ciudadano, que aboga por la supervisión ciudadana de las fuerzas armadas de Venezuela. Por lo que, muchos de sus informes se enfocaron en la corrupción dentro del ala militar.

San Miguel ha sido crítica del gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como de Hugo Chávez, fundador de la Revolución Bolivariana. San Miguel denunció que es víctima de persecución política por su oposición a los gobiernos chavistas y especialmente por haber apoyado la convocatoria a un referendo revocatorio contra Chávez a comienzos de siglo.

Rocío San Miguel apareció en la llamada Lista Tascón, del diputado chavista Luis Tascón, quien se encargó de publicar los nombres de los venezolanos que pidieron revocatorio contra Chávez, muchos de ellos perseguidos y despedidos de sus puestos de trabajo.

Por el caso Tascón, San Miguel ganó una demanda contra Venezuela en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación de derechos políticos y de expresión.

La detención de San Miguel se produce semanas después de que el gobierno de Estados Unidos amenazara con restablecer sanciones económicas contra Venezuela tras la falta de compromiso de Nicolás Maduro de celebrar elecciones en la segunda mitad de 2024.

Levantar las prohibiciones que impedían a los adversarios ocupar cargos públicos, como en el caso de María Corina Machado, es una de las promesas incumplidas por parte de Maduro y que forma parte del acuerdo de Barbados, firmado entre representantes del Gobierno venezolano y una facción de la oposición.

La administración Biden, a través de un tweet de su Unidad de Asuntos Venezolanos con sede en la vecina Colombia, dijo el lunes que el caso de San Miguel “sigue una tendencia preocupante de arrestos aparentemente arbitrarios de actores democráticos” e instó a Maduro a cumplir con sus compromisos.