Abogados tramitan salida de Hugo Beras y Jochi Gómez para que vayan a sus casas

La defensa técnica de los  imputados  del caso Camaleón, Hugo Beras, José Angel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, a quienes ayer la  Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió  la prisión preventiva  por garantía económica e impedimento de salida sin autorización previa, realizaba esta mañana los trámites para que sus defendidos  estén en sus casas lo más rápido posible.

En horas de la mañana  el tribunal realizaba la corrección a la resolución  que sería notificada a las partes del proceso, con los que las autoridades penitenciarias los despacharían a su casas, custodiados por agentes. Los abogados de los dos primeros  imputados, Carlos Balcácer y Luis Rivas,  dijeron a El Nacional que están haciendo todas las diligencias necesarias para que la decisión se ejecute lo más rápido posible.

Culpan tres jueces

El penalista Carlos Balcácer culpó a los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de  la prisión preventiva que impuso como medida de coerción a Jochi Gómez y a  los otros dos encartados. “A Jochi lo agarraron preso por la presencia de los tres jueces del Cuarto Tribunal cuando se le conocía la medida de coerción, porque la jueza  se dejó coaccionar con  la instancia del Ministerio Público  que no tenía fortaleza jurídica para apresarlos”, precisó Balcácer.

 Decisión de la Corte

Los jueces de la  Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional  Isis Muñiz, Delio Germán  y Luis Omar Jiménez Rosa  variaron  anoche  la prisión preventiva a los  tres imputados del caso Camaleón, quienes cumplían prisión preventiva por alegadas irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por  desfalco, estafa y sabotaje al sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

El tribunal de alzada  estableció que los imputados Hugo Beras, exdirector del Intrant,  José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de las empresas Aurix S.A.S. y Transcore Latam, así como el encartado Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del de la primera institución citada no representan peligro de fuga y tienen arraigos suficientes para garantizar su presencia en el proceso.

A Beras-Goico y Padovani Báez se les varió la medida de coerción por una  a garantía económica de RD$ 5 millones por contrato, presentación periódica e impedimento de salida sin previa autorización judicial.
A Gómez se le impuso una  garantía económica de RD$ 2 millones  en efectivos y presentación periódicas e impedimento de salida sin autorización previa.