

La violencia machista es una negación absoluta de la dignidad humana y una amenaza directa a la convivencia democrática, a la que la justicia dominicana debe responder con contudencia. De no hacerlo, “estaríamos fallando en nuestra responsabilidad más esencial: proteger la vida y los derechos fundamentales de todas las personas”.
Así inició ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, su discurso en ocasión de la entrega del “Premio a la Mujer del Poder Judicial” a 25 servidoras de la institución, incluidas juezas y del área administrativa, por su desempeño, antigüedad, trayectoria y excelencia en el servicio.
“Este premio simboliza mucho más que un homenaje individual, es una afirmación de que el Poder Judicial reconoce el valor de las mujeres en su vida diaria, que estamos comprometidos con su desarrollo profesional y que no descansaremos hasta erradicar cualquier forma de desigualdad dentro de nuestra institución”, dijo el juez presidente.
Agregó que el compromiso del Poder Judicial en la consecución de ese objetivo será “firme y sostenido”, no solo en las normas, sino, también en las prácticas y en la cultura institucional.
Sin embargo, el funcionario reconoció que no se puede hablar de la equidad de género “sin enfrentar una de las mayores tragedias de nuestro tiempo: la violencia contra las mujeres”, ante la cual dijo: “La justicia no puede ser indiferente”.
“Debemos garantizar que los tribunales sean espacios de protección real, donde las víctimas encuentren respaldo y seguridad, donde las decisiones judiciales no revictimicen ni perpetúen la impunidad” , subrayó el magistrado Molina.
Admitió que ese es un reto inmenso, pero impostergable, “que implica romper la inercia que ha permitido que muchas víctimas no encuentren respuestas efectivas en el sistema judicial”.
Las galardonadas
El Poder Judicial exaltó a las magistradas Arelis Ricourt Gómez, coordinadora del Departamento Judicial de La Vega; María Nova Sánchez, abogada ayudante de Primera Instancia del Distrito Nacional; Elsa Almonte Sepúlveda, jueza del Juzgado de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago y la jueza de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Miguelina Ureña.
También las juezas Ana Florentino Japa, de la Corte de Apelación de San Cristóbal; Sarah Veras Almánzar, de la Corte de Santo Domingo; Ingrid Fernández Méndez, presidenta de Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial del Distrito Nacional y Catalina Ferreras Cuevas, presidenta del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Este.
Además, las juezas Xiomara Tineo Reyes, de la Corte de Apelación de Puerto Plata; Mirta F. Duarte Mena, Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís; Altagracia Uffre de Ramírez, presidenta Corte de Apelación de Santiago; y Loyda de la Rosa Beltré, Corte de Apelación de San Juan de la Maguana.
Otras galardonadas fueron Wanda Deñó Suero, jueza presidenta Tribunal Colegiado de Barahona; Ramona O. Hernández Ferreira, del Tribunal de Tierras de Montecristi.
El poder está en ti
Así se tituló un panel realizado en el contexto de la premiación, en el que participaron como expositores, además de la procuradora Yeni Berenice, Arelis Ricourt, presidenta de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de La Vega, Minou Tavárez Mirabal, la alpinista Thaís Herrera y Lucille Houellemont, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
La magistrada Nancy I. Salcedo, jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, fungió como moderadora.
Las panelistas hablaron de cuáles han sido sus mayores retos en su vida profesional como mujeres.
El premio
El “Premio a la Mujer del Poder Judicial”, que será entregado el 19 de marzo de cada año, fue instituido por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), en sesión ordinaria número 07-2023, celebrada el 7 de marzo de 2023.
El acto se realizó con la presencia de invitados especiales, entre ellos los presidentes de los tribunales Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE) y el Defensor del Pueblo.
LP


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