Trump solicita autorización a la Corte Suprema para reanudar deportaciones de migrantes venezolanos

El gobierno del presidente Donald Trump solicitó, este viernes a la Corte Suprema permiso para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

La apelación de emergencia es presentada luego del rechazo a la petición del gobierno republicano por parte de la corte federal de  Washington.

El Departamento de Justicia argumentó en documentos judiciales que las cortes federales no deberían interferir con negociaciones diplomáticas delicadas, también afirmó que los migrantes deberían presentar su caso en un tribunal federal en Texas, donde están detenidos.

Trump invocó la “Ley de Enemigos Extranjeros” por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación presidencial que califica a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora.

“Aquí, las órdenes de la corte de distrito han rechazado los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de efectos debilitantes para negociaciones extranjeras delicadas”, escribió la procuradora general interina Sarah Harris en el documento judicial.

La orden que bloquea temporalmente las deportaciones fue emitida por el principal juez de la corte federal de Washington James E. Boasberg, quien  impuso una suspensión temporal de las deportaciones y ordenó que aviones llenos de inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos.

Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg, en una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o un juez federal.

Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de pandillas. Su fallo establece que hay “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basadas en categorías que no tienen derecho a impugnar”.

El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y las cortes federales.