Revocan pasaporte diplomático a la asesora del secretario general de la OEA por caso de corrupción públic

Una investigación penal por corrupción pública en Surinam provocó una crisis política en la Organización de los Estados Americanos (OEA) tras la decisión del Gobierno surinamés de revocar el pasaporte diplomático de Xaviera Jessurun, principal asesora del secretario general Albert Ramdin, medida que dejó al titular del organismo bajo fuerte presión institucional.

La situación generó sorpresa en el Departamento de Estado de Estados Unidos ante el carácter inédito del caso que rodea a Jessurun, considerada una consejera influyente dentro de la Secretaría General de la OEA, el 2 de febrero de 2025, la asesora fue imputada en un expediente penal que investiga un grave entramado de corrupción en la Compañía de Aviación de Surinam.

Antes de asumir como secretario general de la OEA, Albert Ramdin se desempeñó como canciller de Surinam y conocía la situación jurídica de Jessurun, quien entonces era su principal asesora en política exterior. Pese a la imputación penal, Ramdin no consideró el proceso como un impedimento y la designó en la OEA en mayo de 2025. Consultado en su momento sobre el caso judicial, el secretario general relativizó las pruebas incorporadas al expediente.

En este contexto, la Cancillería de Surinam resolvió revocar el pasaporte diplomático emitido a nombre de Xaviera Jessurun. La funcionaria recibió una notificación oficial, de la que también fue informado el secretario general de la OEA, la medida administrativa respondió a un escrito presentado por el fiscal general, García Paragsingh, en el que se sostiene que Jessurun fue formalmente designada como sospechosa en la investigación por presunta corrupción en la aerolínea estatal.

En la causa judicial figuran además como sospechosos Paul de Haan, director de la empresa aérea; Xaviera Jessurun, ex titular del Consejo de Supervisión; y el exconsultor Prenobe Bissessur. El expediente incluye presuntos delitos de corrupción, fraude y falsificación, entre otros cargos penales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Surinam, cartera que Ramdin ocupó antes de asumir en la OEA, argumentó que mantener un pasaporte diplomático en estas circunstancias podría facilitar la evasión del proceso penal. Por esa razón, se ordenó que Jessurun entregue el documento en un plazo de catorce días en la embajada más cercana de la República de Surinam.

La gestión política y administrativa de Ramdin ya había recibido fuertes cuestionamientos internos por su postura considerada débil frente a la dictadura de Venezuela, por la designación de un jefe de Gabinete investigado por corrupción y por el uso de fondos públicos para la remodelación de sus oficinas personales.

El subsecretario adjunto del Departamento de Estado, Chris Landau, planteó recientemente en la OEA interrogantes sobre la posición del presidente Donald Trump respecto al valor geopolítico del organismo regional, “Estoy aquí para extender un lazo de amistad a esta organización y a cualquiera que lo acepte. Pero la amistad es una calle de doble sentido, el secretario Marco Rubio y yo debemos poder decirle a nuestro presidente y a nuestro pueblo que nuestra inversión sustancial en esta organización beneficia a nuestro país”, afirmó Landau.

El funcionario estadounidense agregó: «No estoy seguro de que estemos en posición de hacer eso en este momento, y les pido de buena fe que me ayuden a presentar este argumento». Desde esta perspectiva, la situación institucional de Jessurun provocó malestar en el Departamento de Estado.

Tanto Rubio como Landau conocen la dinámica de poder en América Latina y no tolerarán que eventuales casos de corrupción erosionen aún más la imagen pública de la OEA, en un escenario marcado por la crisis venezolana y el proceso electoral en Honduras.

En este marco, Albert Ramdin deberá resolver con rapidez la continuidad laboral de su asesora. No es habitual que un secretario general de la OEA mantenga como principal consejera a una funcionaria imputada penalmente en su país de origen por cargos de corrupción pública, fraude y blanqueo de capitales.