Denuncian violencia y alza del tráfico de mexicanos tras medidas migratorias de Trump

La reciente cancelación del programa CBP One y otras políticas migratorias adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generan repercusiones directas en el sur de México, particularmente en Tapachula, considerada un punto clave de la crisis migratoria.

Según denuncias de activistas y migrantes, el vacío dejado por estas medidas ha sido aprovechado por redes de tráfico de personas, intensificando la disputa entre grupos delictivos por el control de la ruta hacia la frontera norte.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), explicó que los traficantes están cobrando entre 10,000 y 15,000 dólares por trasladar a migrantes, lo que ha generado conflictos entre distintos carteles.

“La lucha intestina entre grupos del crimen organizado y el enfrentamiento con las fuerzas policiales se relaciona directamente con el control de esta ruta migratoria, que se ha convertido en un botín altamente rentable”, afirmó García Villagrán.

De hecho, García Villagrán apuntó que, en ocasiones, los migrantes son acercados al cruzar el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, y desde allí son llevados hasta la frontera con Estados Unidos, situación que refleja que la migración irregular no se ha detenido pese a las políticas de Washington.

Migración irregular, negocio lucrativo

En la mayor ciudad fronteriza del sur de México, se encuentra la migrante cubana Ghislayne Jiménez Moret, quien narró a EFE que pagó pasajes de 5.000 dólares de su país hasta Nicaragua y de ese país fue trasladada a la frontera de México con Guatemala por otros traficantes.

 «Claro, nosotros nos venimos de manera ilegal, pagamos hasta Nicaragua, porque Cuba es una isla que está en medio del mar y no tiene frontera y luego pagamos pasajes de 5.000 dólares cuando llegamos a Nicaragua hay gentes o ‘coyotes’, que nos traen hasta acá (Tapachula), y estos cobran en dólares», agregó Moret.

Esta migrante, de profesión psicóloga, contó que trabaja en una empacadora donde labora alrededor de 17 horas diarias y no pueden dejar de hacer las actividades porque tiene que cubrir sus gastos diarios.

Por su parte, el ecuatoriano Fredy Lozano narró que llegó a Tapachula, la mayor ciudad fronteriza en el sureño estado de Chiapas, hace un año y durante su travesía las diversas autoridades migratorias le pedían dinero a cambio de dejarlos pasar porque no traen pasaporte o visa.

“El permiso permanente para pasar por país, como nosotros no lo teníamos y mi familia es ecuatoriana ellos les cobraban más”, indicó Lozano, al señalar que se encuentra de manera irregular limpiando vidrios de automóviles, ya que está a la espera de sus documentos para poder salir de la frontera sur de manera legal.

Un limbo para los migrantes

La Administración de Trump ha eliminado una serie de programas y beneficios migratorios creados por su antecesor, entre ellos el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera.

Como consecuencia, más de medio millón de personas se han quedado en un limbo legal -mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de los programas- o directamente en una situación migratoria irregular.

Trump busca acelerar las deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.