Conep insta al Senado explorar otras alternativas a la cesantía, como seguro o fondo de desempleo

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) presentó al Senado de la República un conjunto de propuestas sobre la Reforma Laboral que buscan —según explicó— modernizar y equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores. Entre los puntos más relevantes figura la modificación al régimen de cesantía laboral, que constituye uno de los temas más sensibles de la reforma.

El sector empresarial propone que el cálculo de la cesantía no se base en el último salario del trabajador, sino en un promedio de los salarios devengados, con el objetivo de reflejar una media más justa y evitar distorsiones. Además, plantea establecer un tope de diez salarios mínimos del sector como límite para determinar el salario base de ese cálculo, tomando en cuenta que solo el 0.7 % de los trabajadores gana más de 250,000 pesos mensuales.

Otra de las propuestas del CONEP es colocar un tope de seis años para la suma de los 23 días de salario ordinario por cada año trabajado, contemplados en el artículo 80, numeral 4, del Código de Trabajo (Ley 16-92). En la actualidad, este beneficio aplica de manera indefinida para los empleados con más de cinco años de antigüedad.

El gremio empresarial también sugiere extender el período de prueba de los nuevos trabajadores y eliminar el numeral 1 del referido artículo, así como explorar alternativas a la cesantía tradicional, tales como un seguro o fondo de desempleo.

En el aspecto fiscal, el CONEP propone que las empresas puedan crear una reserva o provisión deducible del Impuesto sobre la Renta, registrando su variación anualmente, y que se evalúe reducir los aportes patronales a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores una vez entre en vigor la nueva legislación.

Asimismo, pide definir con claridad el concepto de salario ordinario, excluyendo incentivos, bonificaciones, gratificaciones y viáticos, elementos que —según el gremio— han generado conflictos al momento de calcular prestaciones y derechos laborales.

En otros puntos, el CONEP plantea que el Ministerio de Trabajo sea el órgano encargado de autorizar la contratación de extranjeros cuando se exceda el límite legal, en sustitución de la Presidencia de la República, con el fin de agilizar los procesos. También sugiere permitir acuerdos entre empleadores y trabajadoras para modificar la modalidad de disfrute de la licencia de lactancia, así como autorizar nuevos contratos por obra o servicio al mes de finalizada una labor anterior, con la posibilidad de aplicar el desahucio en esos casos.

En materia procesal, los empresarios solicitan incluir en la ley la jurisprudencia que establece que el plazo de preaviso corre a favor de la parte a quien se le concede.

El CONEP y la Confederación Patronal Dominicana (Copardom) también presentaron nueve observaciones adicionales al proyecto de reforma del Código de Trabajo. Entre ellas, proponen fijar un tope máximo de seis meses de salario para las astreintes (multas coercitivas), alertan sobre formalismos excesivos en las cartas de despido, y consideran innecesaria la inclusión del concepto de “abuso de derecho” en los procesos judiciales laborales.

Además, recomiendan eliminar el plazo de tres días francos para la audiencia de pruebas, mantener la redacción acordada en el diálogo tripartito sobre el artículo 548 —sin obligación de compartir la lista de testigos con la parte contraria—, y revisar el tope de 50 salarios mínimos como sanción a grandes empresas, al considerarlo “desproporcionado” y alejado del principio de proporcionalidad entre infracción y sanción.

Las propuestas fueron depositadas en el Senado en el marco de la discusión nacional sobre la Reforma Laboral, que busca actualizar un marco normativo vigente desde 1992 y adaptarlo a las nuevas dinámicas del empleo formal y la competitividad económica del país.