El Tribunal Constitucional desmonta uno de los mayores casos de corrupción de España

Las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) de España han desmontado el que muchos han llegado a considerar el mayor caso de corrupción de la historia reciente de España: el caso ERE en Andalucía.

La Audiencia de Sevilla condenó en 2019 a 19 personas, entre las que se encontraban el expresidente de Andalucía Manuel Chaves (1990-2009), sentenciado a nueve años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación; y el también expresidente regional José Antonio Griñán (2009-2013), condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Ninguno de los dos llegó a ingresar en prisión, el primero porque el delito por el que se le condenaba no conllevaba esa pena, y el segundo por su delicado estado de salud, aquejado de un cáncer de próstata. Pero ambos sufrieron un largo periplo judicial desde su imputación en 2013.

Ahora el TC ordenó anular sus sentencias y retrotrae las actuaciones de nuevo a la Audiencia de Sevilla, que fue el órgano de primera instancia que les juzgó, anulando las condenas por malversación y rebajando sustancialmente las de prevaricación.

No son los únicos afectados, el alto tribunal también ha estimado los recursos de otra decena de personas, todos ellos miembros o altos cargos de los Gobiernos que presidieron Chaves y Griñán.

Varapalo a la Audiencia de Sevilla y al Tribunal Supremo

El TC considera que la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo realizaron "una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación" y defiende que "la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación".

El Tribunal recuerda que un anteproyecto o proyecto de ley no puede someterse a juicio de legalidad y que, una vez aprobado por el Parlamento, solo cabe juicio de constitucionalidad. Asimismo, explica que "los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de separación de poderes".

Además, el TC hace hincapié en que no puede trasladarse la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas a aquellos que se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes y que no se ha probado que los hechos imputados fueran cometidos por los condenados, lo que vulnera su presunción de inocencia.

Esta sentencia fue aprobada con siete votos a favor, de los magistrados considerados progresistas, y cuatro en contra, de los conservadores, tres de los cuales han emitido un voto particular.

¿En qué consistió el caso?
Las dos sentencias previas, la primera de la Audiencia Provincial de Sevilla y la segunda del Tribunal Supremo, consideraron que los miembros del Gobierno de Andalucía habían urdido un sistema para otorgar ayudas sociolaborales de manera irregular sin ningún tipo de control.

Así, desde el año 2000 hasta 2009 se asignaron alrededor de 560 millones de euros para subvencionar prejubilaciones de EREs (expedientes de regulación de empleo) en empresas que se encontraban en dificultades.

La investigación encontró 267 prejubilaciones irregulares de 5982 casos analizados, en las que se había trabajadores que recibían una cantidad mayor a la que les correspondía y otros que eran infiltrados, es decir, nunca habían trabajado para la empresa que les pagaba la prejubilación.

Condenados 19 exaltos cargos socialistas en España por un macrocaso de corrupción
Además, alrededor de 85 millones se destinaron a ayudar directamente a empresas en crisis, siendo administrados de manera discrecional y arbitraria por el entonces consejero de Empleo, Francisco José Guerrero. El chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, llegó a declarar que ese dinero se lo quedaron él y su jefe, y que acabó siendo gastado en drogas, fiestas nocturnas y prostitución.

Asimismo, también se habrían pagado elevadas comisiones a intermediarios entre el Gobierno andaluz y los trabajadores, como consultoras, sindicalistas o bufetes de abogados.

La sentencia del TC no pone en duda estas irregularidades, sino que la aprobación de una partida en los presupuestos para las ayudas fuera constitutivo de delito y que los dos mandatarios conociesen las ilegalidades en su gestión.

Caída en picado del PSOE de Andalucía
El caso de los EREs se contempla como uno de los principales motivos por los que el PSOE de Andalucía cayó en picado. Estuvo en el Gobierno desde 1978 hasta principios de 2019, 23 de esos años en manos de Chaves (19) y Griñán, pero el comienzo de la instrucción del caso marcó su declive.

Griñán salió del Gobierno presentando su dimisión en 2013 cuando ya estaba salpicado por el proceso judicial, dejando el partido y el Gobierno en manos de Susana Díaz, que si bien llegó a gobernar durante algo más de cinco años, gracias al apoyo de otros partidos en coalición, no consiguió remontar la tendencia.

Desde entonces, el PSOE se ha encontrado huérfano de referentes políticos durante unos años en los que apenas se ha nombrado a los dos expresidentes que más marcaron el recorrido de la región.

Los dos políticos fueron requeridos a abandonar tanto sus cargos públicos como el partido, a lo que accedieron cuando fueron condenados, junto a otros 17 exaltos cargos, por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019. Chaves abandonó el Congreso y Griñán el Senado, y los dos la formación política.

El actual líder del PSOE-A, Juan Espadas, fue de los primeros en solidarizarse con los dos expresidentes y trasladarles su cariño este lunes, asegurando que esas personas "fueron condenadas injustamente" y que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.

Además, acusó al Partido Popular (PP), en el Gobierno andaluz desde 2019, de estar detrás de "la cacería más grave de la historia de España", sin la cual, a su entender, hoy Juanma Moreno Bonilla no sería el presidente de Andalucía.

Desde el PP se denuncia el sesgo ideológico del Tribunal Constitucional, como hizo el miércoles su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, cuando defendió que varios de los magistrados que lo componen deberían haberse abstenido. La otra crítica vertida es que el TC se está convirtiendo en una especie de tercera instancia, algo para lo que no le faculta la Constitución.

Este jueves ha sido el turno de Manuel Chaves, que en una comparecencia ante los medios ha defendido que no hubo ninguna confabulación para delinquir, pero que sí la hubo por parte del PP para echar a los socialistas del Gobierno andaluz. "Empieza el principio del fin del PP en el Gobierno de la Junta de Andalucía", afirmó en un duro alegato contra los populares.

RT