Brasil debate polémica ley de amnistía que podría beneficiar a Bolsonaro y a responsables del asalto del 8 de enero

El Congreso de Brasil, aunque se encuentra en receso por la Semana Santa, ha estado en el centro de la atención por un nuevo intento de aprobar un proyecto de ley de amnistía que busca perdonar a quienes participaron en protestas políticas y electorales desde el 30 de octubre de 2022 hasta la entrada en vigor de la norma, incluyendo a los involucrados en el asalto a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023.

El diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, presentó el pedido de urgencia para votar el proyecto 2858/22, originalmente propuesto en 2022 por Mayor Vitor Hugo, también del PL. La propuesta busca acelerar su tratamiento, evitando el paso por comisiones parlamentarias y llevándolo directo al pleno de la Cámara.

Entre los firmantes de la solicitud de urgencia hay 262 diputados, incluyendo a muchos de partidos aliados del gobierno de Lula, como Progresistas y Unión Brasil, lo que generó molestia en el Partido de los Trabajadores (PT). El líder del PT en la Cámara, Lindbergh Farias, declaró que quienes apoyan la amnistía están “rompiendo con el gobierno”.

La ministra Gleisi Hoffmann aseguró que no habrá represalias, pero confirmó que se intenta convencer a los legisladores de la gravedad institucional y jurídica de la iniciativa. De momento, solo la diputada Helena Lima retiró su firma. Según medios brasileños, Lima tiene vínculos con una empresa de taxis aéreos que mantiene contratos con el Estado, y su esposo fue detenido en 2023 por compra de votos, con 500 mil reales ocultos en sus pantalones.

Aunque hay más de mil solicitudes de urgencia en el Congreso, esta ley tiene un fuerte peso político, especialmente por su posible impacto en el caso de Jair Bolsonaro, quien enfrenta acusaciones por intento de golpe de Estado. El expresidente fue sometido recientemente a una cirugía intestinal y continúa hospitalizado.

La decisión de incluir el proyecto en la agenda depende del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, del partido Republicanos, actualmente fuera del país. Motta ha dicho que el tema será discutido “con imparcialidad” y en marzo declaró que el 8 de enero no fue un intento de golpe, aunque ante el Supremo Tribunal Federal (STF) se mostró respetuoso de las decisiones judiciales.

Si la amnistía se aprueba en la Cámara y el Senado, el presidente Lula da Silva tendrá 15 días para ratificar o vetar la ley. Si decide vetarla total o parcialmente, el texto vuelve al Congreso, donde se analiza si se mantiene o se rechaza su decisión.

 Otra posibilidad que analizan sectores del Congreso y jueces del STF es reformar la ley vigente contra golpes de Estado, para reducir penas a acusados menores como Débora Rodrigues dos Santos, una peluquera condenada a 14 años por escribir “perdiste, idiota” en una estatua del STF con lápiz labial.

El nuevo proyecto de amnistía, según juristas, podría ser inconstitucional y violar tratados internacionales. El STF podría bloquearlo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculada a la OEA, también podría intervenir. El profesor Guilherme Madeira, de la Universidad de San Pablo (USP), explicó que los Estados no pueden autoamnistiarse, como ya fue establecido en casos previos contra Brasil por perdonar crímenes de la dictadura militar (1964-1985).

 Mientras tanto, prófugos brasileños que participaron en el 8 de enero y escaparon a Argentina, podrían ser detenidos en las próximas semanas. Entre ellos está Léo Índio, sobrino de Bolsonaro. La policía federal brasileña trabaja en conjunto con autoridades argentinas y no descarta activar a Interpol. Léo Índio tiene permiso para permanecer en Argentina hasta el 4 de junio, pero eso no lo exime de una posible extradición.

Cinco brasileños detenidos en el penal de Ezeiza, Buenos Aires, se quejaron de las condiciones carcelarias. Su abogado, Pedro Gradín, los describe como “perseguidos políticos”, aunque la fiscalía argentina los considera prófugos con pruebas sólidas en su contra.

En otro hecho que generó controversia, el juez del STF, Alexandre de Moraes, negó la extradición a España del narcotraficante búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, en respuesta al rechazo de ese país de entregar al bloguero bolsonarista Oswaldo Eustáquio, investigado por atentar contra el orden democrático. Moraes liberó al narcotraficante con una pulsera electrónica, a pesar de que España lo acusa de transportar 52 kilos de cocaína desde Barcelona en 2022.

Infobae