Desmantelan red de explotación sexual y liberan a 162 mujeres y 37 detenidos en operativo internacional

La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en España. Durante la operación conjunta, han sido liberadas 162 víctimas y se ha detenido a 37 personas, de las cuales nueve han ingresado en prisión provisional.

Las detenciones se realizaron en varias provincias: 22 en Valencia, 4 en Málaga, 4 en Murcia, 4 en Castellón y 3 en Alicante, según informaron las autoridades. La red criminal captaba a mujeres en situación vulnerable, tanto en España como en países de Sudamérica, aprovechándose de su falta de documentación legal y necesidad económica. Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en locales camuflados como centros de masajes, ubicados en viviendas o locales comerciales.

Las mujeres vivían hacinadas, durmiendo en literas o en las mismas camas donde atendían a los clientes, en espacios con mala ventilación y condiciones insalubres. Solo se les permitía salir dos horas al día, permaneciendo el resto del tiempo bajo control mediante un sistema de videovigilancia instalado dentro de los inmuebles.

La red también contaba con encargadas en turnos de 24 horas que vigilaban a las víctimas, cobraban a los clientes, suministraban drogas cuando eran solicitadas y gestionaban llamadas telefónicas de los anuncios en portales especializados.

El 50 % del dinero cobrado por cada servicio era para la organización, mientras que la otra mitad quedaba en manos de las víctimas, quienes además podían ser multadas arbitrariamente por diversos motivos. Las mujeres eran trasladadas entre distintos locales según conveniencia del grupo, que operaba principalmente en la Comunidad Valenciana, pero ya había iniciado su expansión hacia Cataluña, Murcia y Málaga, donde también habían abierto nuevos prostíbulos encubiertos.

Una red jerarquizada y bien estructurada

La investigación comenzó tras la denuncia de tres mujeres que declararon haber sido explotadas en diferentes localidades. Las pesquisas permitieron identificar una estructura jerárquica dividida en tres niveles. En el primero, se encontraban los líderes de la red, con vínculos familiares y sentimentales, responsables de adquirir o alquilar los inmuebles y obtener los mayores beneficios.

En el segundo nivel, actuaban personas de confianza que supervisaban los locales, recaudaban ganancias y coordinaban a las encargadas. El tercer nivel lo conformaban las encargadas de los prostíbulos, los conductores, obreros encargados de reformar los locales y los distribuidores de sustancias estupefacientes.

Las autoridades continúan con las diligencias judiciales para esclarecer por completo la dimensión de la red y ofrecer asistencia integral a las víctimas liberadas. La operación ha sido calificada como una de las más amplias de los últimos años contra la trata de personas con fines de explotación sexual en España.

EFE