El presidente del Senado aprecia la labor de la comisión que analiza el Código Procesal Penal

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en los debates de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que conoce las modificaciones al Código Procesal Penal, destacando el compromiso del equipo a cargo del estudio de la pieza.

De los Santos valoró la dedicación y entrega de los senadores que integran la comisión, presidida por Antonio Taveras, representante de la provincia Santo Domingo. Aseguró sentirse satisfecho con el trabajo realizado por la comisión, la subcomisión y los técnicos responsables de revisar las modificaciones sugeridas.

La Comisión estudia cambios en varios artículos del Código y también la derogación de la Ley 5869, según una propuesta conjunta de los senadores Cristóbal Castillo, Omar Fernández, Félix Bautista y Antonio Taveras Guzmán.

 Participación de actores del sistema judicial
Durante su visita, el presidente del Senado consideró valiosas las observaciones realizadas por representantes del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, la Defensoría Pública y los propios legisladores.

“Con la ayuda de Dios pronto vamos a tener ya el Código Procesal Penal, pero reitero, la Comisión ha hecho un trabajo excepcional junto a todos los actores del sistema, quienes hicieron observaciones que se están valorando”, expresó De los Santos.

 
Proyecto está en su fase final
Por su parte, el senador Antonio Taveras Guzmán explicó que convocó a los miembros de la comisión en pleno “para reunirnos a primera hora de la mañana y darle el toque final a la propuesta de modificación”.

 Recordó que la subcomisión revisó todas las propuestas presentadas y que los técnicos están trabajando en la redacción final, que se espera esté lista lo antes posible.

La Comisión de Justicia del Senado tiene a su cargo la revisión de 254 modificaciones, además de 18 sugerencias adicionales que deben ser evaluadas por el pleno.

 
Enfoque en la Constitución y delitos complejos
El proyecto busca que los tribunales, al aplicar la ley, garanticen la vigencia efectiva de la Constitución y de los tratados internacionales, así como sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales correspondientes.