Colapsadas: Haití cancela las elecciones del próximo 15 de noviembre

La crisis electoral en La crisis electoral en Haití es oficial. Tal como previeron, la esperanza de celebrar elecciones el 15 de noviembre colapsó. El Consejo de Transición Política (CTP) y el Consejo Electoral Provisional (CEP) reconocieron formalmente su incapacidad para cumplir el plazo de 90 días. Ellos patearon la primera vuelta presidencial y legislativa hasta el 1 de febrero de 2026.

El CTP juzgó este fracaso como necesario para "garantizar una organización ordenada y transparente". Sin embargo, esta incapacidad esconde la verdad más grave: Haití se dirige directamente hacia el inminente vacío de poder que la ONU tanto teme.

La Brecha Legal de Tres Meses
El problema no es solo el retraso; la fragilidad del nuevo compromiso y la peligrosa brecha legal que inaugura representan el verdadero riesgo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Representante Especial, Carlos G. Ruiz Massieu, ya encendió las alarmas, advirtiendo que el país avanza hacia un "colapso institucional" sin precedentes.

La razón es devastadora: la fecha límite legal e inamovible para la expiración del período de transición y del mandato del CPT es el 7 de febrero de 2026. Su acuerdo fundacional no permite una prórroga.

Por su parte, el calendario electoral prevé la toma de posesión del nuevo jefe de Estado el 14 de mayo de 2026. Esto crea una peligrosa zona gris institucional de más de tres meses (96 días) sin una autoridad legítima o constitucional al mando. Si ellos no establecen un mecanismo claro de gobernanza de emergencia para este lapso, el temor de la ONU se convertirá en una realidad inevitable.

La Fuente del Riesgo Constitucional

El riesgo de vacío de poder está integrado en la propia estructura de la transición. El CTP tiene una "fecha de caducidad" obligatoria (7 de febrero de 2026), y su incapacidad de organizar las elecciones antes de esta fecha fuerza la brecha con la investidura presidencial.

El primer ministro y el Gabinete perderán su fuente de legitimidad (el CTP) después del 7 de febrero. Su autoridad quedará gravemente comprometida, lo que exacerbará la crisis constitucional.

Además, declaraciones cruciales del consejero-presidente Frinel Joseph socavan la confianza, pues él sugirió públicamente que el nuevo plazo de febrero de 2026 "podría no respetarse". Esta voz interna erosiona irremediablemente la credibilidad del Consejo para cumplir su misión.

El escenario más probable es que el riesgo constitucional fuerce a las ya divididas fuerzas políticas a negociar un nuevo acuerdo político de emergencia. Este pacto determinaría quién ejercerá el poder entre febrero y mayo de 2026, lo cual iría en contra del espíritu del acuerdo original.

Haití
está atascado en un ciclo vicioso de postergación y riesgo institucional, dejando el poder en el aire justo cuando más necesitan estabilidad.