Parlamento de Ecuador no autoriza enjuiciamiento penal a la vicepresidenta

La Asamblea Nacional de Ecuador negó este viernes levantar la inmunidad a la vicepresidenta del país suramericano, Verónica Abad, en el marco del denominado 'Caso Nene'.

Los asambleístas votaron una primera moción previa, con la que se pretendía quitar el fuero a la funcionaria para que fuese juzgada penalmente. No obstante, recibió 74 votos en contra, 41 a favor y 18 abstenciones entre los 133 legisladores presentes en la sesión, de los 137 que conforman el Parlamento.

La moción previa, que debió votarse en primer lugar aunque no se haya agotado el debate, reza: "Autorizar el enjuiciamiento penal en contra de la vicepresidenta de la República del Ecuador, Verónica Abad Rojas, de conformidad a la solicitud realizada por la jueza Daniela Camacho Herold".

Posteriormente, se dio paso a la votación de otra moción, en la que se planteó "negar la solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal" de Abad. Esta recibió 75 votos afirmativos, 38 negativos y 20 abstenciones, por lo que fue aprobada.

Esa moción fue presentada por la asambleísta Gissella Molina, sosteniendo que el caso contra la vicepresidenta puede sentar un pésimo precedente sobre la participación de las mujeres en la política. "El nivel de violencia ahora es contra Verónica Abad y mañana puede ser en contra cualquiera de nosotras", advirtió.

La sesión fue convocada luego de que el pasado miércoles, la jueza Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, diera un plazo de 48 horas para que la Asamblea autorizara o negara el procesamiento penal de Abad en el 'Caso Nene', al que la Fiscalía General del Estado (FGE) pretende vincularla.

El Parlamento requería de 92 votos para levantar el fuero a la vicepresidenta y así ella pudiera ser procesada penalmente; y con apenas 70 votos podía negarse al pedido.

"Sucio pacto"
Desde el Ejecutivo tacharon la votación de la Asamblea Nacional como parte de un "sucio pacto político en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merece el país y sus ciudadanos", según se lee en un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Gobierno en X. 

En criterio de la administración del presidente Daniel Noboa, "la solicitud de la justicia para levantar la inmunidad a Verónica Abad era clara y motivada" y al Legislativo le habría correspondido dejar que "los órganos de justicia hagan su trabajo". 

"Pero no lo permitieron. Sus acuerdos bajos y vergonzosos impidieron que el proceso continúe como correspondía […] No importaron las denuncias, las acusaciones, las pruebas, los expedientes. En fin, no importó el sentido de justicia. Solo importó su pacto", acusa el documento. 

Del mismo modo, se señala a los partidos Socialcristiano (PSC), Revolución Ciudadana (RC) y Construye de establecer una alianza "para frenar las acciones del Gobierno", de bloquear iniciativas legislativas para intentar limitar el poder del presidente en su facultad de colegislador con la modificación de un veto parcial y de promover "enjuiciamientos políticos" a miembros del gabinete.

La causa
El 'Caso Nene' explotó en marzo pasado, con la detención del hijo de la segunda mandataria, Francisco Sebastián Barreiro Abad. Su arresto se dio en la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador, pero luego fue trasladado a Quito para su proceso.

A Barreiro Abad le fue impuesta prisión preventiva; no obstante, dejó la cárcel después de pagar 20.000 dólares de caución y recibir medidas sustitutivas.

La FGE informó que el proceso contra el hijo de la vicepresidenta comenzó por una denuncia que recibió la institución. El denunciante contó que había trabajado en la Vicepresidencia de la República, en el área de Comunicación y que Barreiro, junto a un supuesto asesor de Abad, identificado como Daniel R., donde le ofrecieron un sueldo a cambio de un porcentaje mensual del salario como comisión para permanecer en el puesto (diezmos).

El caso se investigaba inicialmente como un presunto delito de "oferta de tráfico de influencias"; pero el pasado lunes la Fiscalía dio a conocer que la causa se trasladaría a la Unidad de Fuero de Corte Nacional y se vincularía a Abad a esta, al determinar su presunta participación en el hecho.

Asimismo, el proceso pasó a manos de la fiscal general del país, Diana Salazar, quien decidió cambiar el delito de "oferta de tráfico de influencias" por el de "concusión".

Aparte de este proceso, la vicepresidenta, quien ejerce como "embajadora extraordinaria y plenipotenciaria" en Israel por orden del mandatario, Daniel Noboa, fue denunciada por Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuesta infracción electoral.

La funcionaria ha acusado al presidente de estar detrás de la denuncia de Guarderas. Además, indicó que "es clara la persecución política" y que buscan destituirla para que asuma la Presidencia de Ecuador, en caso de que el mandatario decida ser candidato en los comicios previstos para el 9 de febrero de 2025.

RT