Aerodom se pronuncia tras informe preliminar y aguarda resolución definitiva

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) anunció que no emitirá una posición oficial hasta recibir el informe final sobre el apagón ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

A través de una publicación en sus redes sociales, la concesionaria indicó que ha tomado nota del comunicado presentado por la Comisión Aeroportuaria y que esperará la resolución formal antes de ofrecer declaraciones más amplias.

Esta postura se da luego de que la Comisión revelara un informe preliminar donde se detallan las causas del incidente eléctrico, responsabilizando a Aerodom por las fallas en el sistema de respaldo de energía.

Como consecuencia, se recomendó que la empresa pague una indemnización de 5 millones de dólares al Estado dominicano, además de responder por los perjuicios ocasionados a pasajeros y aerolíneas.

El informe técnico señala que el apagón fue provocado por la falta de disponibilidad del sistema alterno de energía y la avería en el conjunto celda-seccionadora de media tensión en la terminal norte del aeropuerto.

Falla eléctrica masiva colapsó operaciones en el AILA
El más grave incidente eléctrico registrado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en los últimos años tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando una interrupción prolongada del servicio energético paralizó gran parte de las operaciones aeroportuarias durante casi nueve horas consecutivas.

La falla comenzó alrededor de las 9:18 de la mañana y no fue totalmente solucionada hasta pasadas las 6:00 de la tarde, afectando de manera directa la operatividad de una de las terminales aéreas más transitadas del país.

El apagón impactó de forma crítica a la terminal norte, donde se concentran múltiples servicios clave para el flujo de pasajeros y el funcionamiento de aerolíneas. La avería se originó en una celda-seccionadora de media tensión, un componente esencial en el sistema de distribución eléctrica del aeropuerto.

A ello se sumó la indisponibilidad del sistema de respaldo, lo que impidió la activación inmediata de fuentes alternas de energía, alargando así la duración del evento.

Durante ese lapso, al menos 30 vuelos comerciales resultaron afectados, ya sea por retrasos significativos o por desvíos hacia otros aeropuertos como los de Punta Cana y Santiago.

Muchos pasajeros quedaron varados dentro del aeropuerto, en medio de la incertidumbre, la falta de información y las condiciones mínimas de confort debido a la inoperatividad de servicios básicos como climatización, escaleras eléctricas, iluminación interior, pantallas de información y sistemas de comunicación.

La situación también generó complicaciones para las aerolíneas, que se vieron forzadas a reorganizar rutas y reubicar pasajeros, además de asumir costos operativos adicionales. Comercios dentro del aeropuerto también sufrieron interrupciones en sus actividades debido a la falta de energía, lo que supuso pérdidas económicas para muchos de ellos.

Este evento encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico en instalaciones críticas como el AILA, poniendo en evidencia la necesidad de modernizar la infraestructura energética y reforzar los protocolos de contingencia para mitigar este tipo de eventos en el futuro.

Posición del Estado
El Estado, a través de sus entidades competentes, ha adoptado una postura firme frente al apagón ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). En primer lugar, el Departamento Aeroportuario anunció la apertura de una investigación oficial, solicitando a la empresa concesionaria, Aerodom, que presente un informe sobre las causas del corte eléctrico.

Además, se ha señalado que las operaciones críticas del aeropuerto, como la torre de control y la pista de aterrizaje, no llegaron a detenerse, pues funcionaron con sistemas alternos de energía.

En cuanto a responsabilidades, la Comisión Aeroportuaria, órgano regulador ligado al Estado, ha ordenado que Aerodom pague una indemnización de US$5 millones al Estado por los daños ocasionados, y que también asuma los costos causados a pasajeros y compañías aéreas.

El Ejecutivo, incluido el presidente Luis Abinader, ha señalado que si se demuestra negligencia o incumplimientos por parte de la empresa concesionaria, habrá consecuencias jurídicas y contractuales.

Finalmente, el Estado ha manifestado su compromiso de garantizar la continuidad operativa de los servicios aeroportuarios esenciales, y ha enfatizado la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de emergencia y respaldo eléctrico en las instalaciones aeroportuarias.

Fuente/AILA