

El Tribunal Constitucional a través de su sentencia TC/0743/25 declaró inconstitucional la Ley número 396-19 que regula el otorgamiento de la fuerza pública y exhortó a la Congreso Nacional para que, dentro de su función legislativa, «emita una nueva ley que enmiende la situación de inconstitucionalidad formal» que afecta a dicha legislación. De esta manera el TC invita a que en la nueva legislación el Poder Judicial ejerza la facultad jurisdiccional que le otorga la Constitución.
La solicitud de inconstitucionalidad fue interpuesta por Genaro A. Silvestre Scroggins, la Asociación Nacional de Alguaciles Unidos INC. (ANAU) y por José Franklin Zabala Jiménez. Los accionanates sometieron a inconstitucionalidad los artículos 4,5, 7 de la ley sobre uso de la fuerza pública. Dicha legislación fue promulgada el 26 de septiembre del 2019.
El TC basa su decisión «en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución«. La principal razón por la que se impugnó la ley es por que viola el principio de la separación de poderes, ya que la ley le da potestad al Ministerio Público para el uso de la fuerza pública, lo que viola el artículo 149 de la Constitución, que establece de manera clara que la función judicial consiste en «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado«.
En su segundo párrafo declaratorio el TC expresa: «ACOGER las acciones directas de inconstitucionalidad descritas
en el ordinal primero y, en consecuencia, DECLARAR NO CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN LA LEY NÚM. 396-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución y el mandato contenido en nuestra Sentencia TC/0110/13 en el procedimiento para su elaboración y aprobación«.
La sentencia fue aprobada por los jueces del Tribunal Constitucional, en la sesión del pleno celebrada el 6 de
agosto de este año. Fue aprobada por los jueces Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; José Alejandro Ayuso, juez; Fidias Federico Aristy Payano, juez; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Sonia Díaz Inoa, jueza; Army Ferreira, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A. Reyes Torres, juez; José Alejandro Vargas Guerrero, juez.

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